(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 13 de octubre de 2025.-
Irene Fernández Segura, abogada penalista y ex gestora procesal en Juzgados de Violencia sobre la Mujer, analiza el aumento de los delitos contra la libertad sexual y su impacto emocional y probatorio. Su experiencia combina la práctica en Juzgados y una formación de cuatro años en Psicología por la UNED (estudios no finalizados) que aporta una mirada de apoyo y acompañamiento en contextos de alta vulnerabilidad.
¿Qué muestran hoy los datos y por qué importan en la práctica?
Los balances más recientes confirman una tendencia al alza y, en paralelo, un gran número de casos que nunca llegan a denunciarse. Tras las cifras hay miedo, vergüenza y sentimiento de culpa que retrasan la búsqueda de ayuda. Ese retraso tiene consecuencias directas: la prueba médica y digital se degrada con el paso de las horas.
¿Cómo operan la vergüenza y la culpa en esas primeras 72 horas?
La vergüenza suele empujar al silencio y la culpa distorsiona la valoración de lo ocurrido. Se observan decisiones comprensibles pero perjudiciales para la investigación, como ducharse y lavar la ropa, borrar mensajes o evitar urgencias por temor a revivir los hechos. El resultado es más sufrimiento y menos evidencia disponible.
¿Qué es crítico en ese periodo inicial para proteger salud y prueba?
Resulta esencial acudir a urgencias, documentar lesiones y activar el protocolo forense dentro de las ventanas útiles, además de preservar chats, ubicaciones y grabaciones antes de que se sobrescriban. Con buena coordinación, la persona atendida puede decidir con calma (denuncie en ese momento o más adelante), con salud protegida y prueba resguardada.
¿Qué está aportando la especialización orgánica de los juzgados?
La reorganización ordena el circuito y facilita la intervención de equipos especializados, pero su eficacia depende de medios reales, agendas ágiles, tramitación suficiente para citar con rapidez, formación especializada al personal, medios humanos e informáticos trazables. Sin esas piezas, la especialización pierde efecto.
¿Cómo encajan los derechos del investigado en este marco?
Las garantías procesales se mantienen intactas: presunción de inocencia, derecho a guardar silencio, asistencia letrada y acceso a elementos esenciales antes de declarar. Un proceso ordenado protege mejor a todas las partes y mejora la calidad de las decisiones.
¿Existe material práctico para orientar las primeras decisiones?
Se ha coordinado una guía breve y gratuita en mi página web ireneabogada.com/violencia-sexual-que-cambia-desde-el-3-de-octubre-de-2025/ para las primeras 72 horas con pasos sanitarios y probatorios y modelos de preservación de evidencia. No sustituye el asesoramiento, pero ofrece un mapa inmediato en los momentos más críticos. Se puede
Irene Fernández Segura concluye que la información oportuna reduce daño y salva prueba, y que la especialización solo cumplirá su promesa con plantillas suficientes, medios informáticos fiables y coordinación sanitaria.
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