(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 5 de agosto de 2025.-
El verano de 2025 está resultando especialmente convulso para el mercado del alquiler de corta duración. A las limitaciones ya impuestas por la Ley de Vivienda, se suma desde el 1 de julio una nueva exigencia que ha estrechado aún más el margen de maniobra de los propietarios: la obligatoriedad del Número de Registro Único de Alquiler (NRA) para poder anunciar viviendas en plataformas digitales. Se calcula que solo el 40% los inmuebles ha obtenido ya este código; el resto o no lo han tramitado, o está a la espera del Colegio de Registradores.
El cerco normativo se estrecha
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, ya había endurecido las condiciones para el alquiler no tradicional. A esto se suma la obligatoriedad del Número de Registro Único de Alquiler (NRA) desde el 1 de julio: ningún inmueble de corta estancia puede anunciarse en plataformas digitales sin este código oficial emitido por el Colegio de Registradores.
La medida, pensada para reforzar el control sobre el alquiler de corta duración, ha generado un auténtico embudo burocrático. Miles de propietarios siguen a la espera de recibir su NRA, lo que les impide mantener sus inmuebles en explotación durante la temporada alta.
Al mismo tiempo, la Ley de Propiedad Horizontal ha comenzado a ser utilizada por muchas comunidades de vecinos para limitar el uso turístico de las viviendas. Si los estatutos lo prohíben, el propietario se enfrenta a obstáculos legales adicionales, incluso con la licencia en regla. Desde la aprobación de la norma en abril, todo aquel que quiera iniciar una actividad turística debe contar con el permiso expreso de la comunidad de propietarios, aunque los estatutos no recojan ninguna restricción al respecto. Esta exigencia ha endurecido aún más el acceso al mercado turístico, generando incertidumbre entre quienes desean comenzar a alquilar en este régimen.
A ello se suma una creciente dureza institucional en materia de licencias. En algunas ciudades, como Barcelona, Madrid o Valencia, obtener una nueva licencia es prácticamente imposible, y mantenerla activa exige un cumplimiento milimétrico de los requisitos urbanísticos.
Inspecciones y cierres en cadena
En paralelo, las administraciones han intensificado la presión. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb retirar cerca de 65.000 anuncios sin licencia, y recientemente ha detectado otros 54.728 anuncios adicionales sin número de registro obligatorio. Además, el Ministerio de Vivienda ha acordado con la plataforma el envío mensual de datos de anuncios a partir de agosto, lo que incrementará la fiscalización. Plataformas y propietarios están bajo el foco, y el margen de actuación se reduce.
Alquiler temporal a empresas: la alternativa que gana terreno
Ante este panorama de creciente regulación y fiscalización, muchos propietarios están explorando alternativas más estables, legales y rentables. Una de ellas es el alquiler temporal a empresas, un modelo que gana tracción en toda España como solución a medio y largo plazo. Se trata de alquilar por meses a trabajadores desplazados por motivos laborales, sanitarios o formativos, con contratos respaldados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Código Civil y sin necesidad de licencia turística específica.
Esta fórmula resulta especialmente atractiva para los propietarios porque no está sujeta a la estacionalidad del turismo, ofrece una mayor previsibilidad en la ocupación y reduce los costes derivados de la alta rotación de huéspedes (como limpieza, check-ins o mantenimiento).
A su vez, evita muchos de los conflictos vecinales asociados al alquiler vacacional, ya que los inquilinos son empleados enviados por empresas y suelen permanecer durante semanas o meses en el mismo destino.
Desde Homyspace, plataforma especializada en alquiler temporal a empresas, confirman que el modelo se está consolidando tanto entre propietarios con licencia como entre quienes prefieren abandonar el circuito turístico por sus limitaciones actuales. La empresa actúa como intermediario profesional, gestionando la relación con compañías que desplazan empleados por toda España y ofreciendo contratos claros, una gestión eficiente y un seguimiento personalizado durante toda la estancia.
Homyspace opera en ciudades como Madrid y Barcelona, pero también en localidades medianas y pueblos pequeños de toda España, adaptándose a la necesidad de alojamiento de los profesionales desplazados, que van allá donde les lleve el proyecto.
En un momento en que el alquiler turístico está más encorsetado que nunca, el alquiler temporal a empresas se posiciona como una vía legal, flexible y en expansión, compatible con otros canales de comercialización y con una demanda real que crece lejos del circuito vacacional tradicional.
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