SAN JOSÉ, 4 Nov. (Notimex/Notimérica) -
La Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Montserrat Solano, mediará en la huelga portuaria iniciada el pasado 23 de octubre, con el objetivo de encontrar soluciones comunes, en una intervención que ya ha sido aceptada por el Gobierno y elogiada por el ministro de Trabajo, Víctor Morales.
Morales ha enviado una carta a Solano en la que ha condicionado su asistencia a las negociaciones a que se delimiten los temas de diálogo y que el sindicato portuario Sintrajap desista de acciones violentas, como la quema de fotografías de miembros del Gobierno costarricense la pasada semana.
Sintrajap se declaró en huelga para exigir la rescisión de un contrato que el Gobierno firmó con la empresa holandesa APM Terminals para la construcción y operación de un muelle de contenedores, al considerar que crearía un monopolio privado en ese sector, pero las autoridades consideran inviable la demanda.
Los trabajadores de las terminales de Moín y Limón de Puerto Limón, que manejan alrededor del 80 por ciento del comercio exterior de Costa Rica, mantienen la huelga indefinida contra la concesión de 1.000 millones de dólares para expandir el recinto otorgada a APM Terminals, una unidad de AP Moller-Maersk.
Uno de los aspectos más cuestionados del contrato con APM Terminal es la tarifa de 223 dólares por movimiento de contenedor, que los demandantes consideran excesiva, y el monopolio que de hecho se crearía con la exclusividad del manejo de la carga en contenedores que se le da a la concesionaria.
Al respecto, los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) han asegurado que no están en contra de la construcción de un nuevo muelle sino de la exclusividad en el manejo de los contenedores, y se preguntan si "vale la pena perder 2.000 empleos directos en Japdeva y 20.000 indirectos, a cambio de 450 que ofrece la APM Terminal".
Por su parte, el Juzgado de Trabajo de la ciudad de Limón declaró ilegal la huelga, medida que fue apelada por Sintrajap. Además, las autoridades también han rechazado la petición del sindicato para ordenar la libertad y amnistía de todos los detenidos en Limón "a raíz de su participación en actos violentos durante la huelga", ha puntualizado Morales.
Las instalaciones portuarias fueron tomadas por unos 150 efectivos de la Fuerza Pública, que vigilan la actividad de carga y descarga de contenedores con personal contratado para la emergencia por la administración portuaria.
La solución del Gobierno no partirá de rescindir el contrato, ya que alega que la cláusula 9.1 con APM Terminal no es objeto de negociaciones porque fue un acuerdo que siguió procedimientos legales durante la gestión del expresidente Oscar Arias (2006-2010).
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