Archivo - JULIO IGLESIAS PREGONERO DE LUJO EN FERIA DE MALAGA 2004 - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo
MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ONG Women's Link ha presentado una comunicación urgente ante seis mecanismos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar su intervención en el caso las dos exempleadas del cantante Julio Iglesias por "temor a las represalias". Las extrabajadras denunciaron haber sufrido abusos en sus residencias de Bahamas y República Dominicana en 2021.
La acción ante el organismo internacional se produce tras la querella presentada el pasado 3 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia español, según ha informado la propia organización, que acompaña y representa a las denunciantes en el proceso.
El abogado del artista, José Antonio Choclán, indicó en declaraciones a Europa Press la semana pasada que no tienen "noticia formal" de que se haya presentado la querella. "En todo caso ya se declaró la falta de la jurisdicción española. No podemos decir mucho más", ha zanjado.
Ahora, la comunicación urgente se ha dirigido, entre otros mandatos, a la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, así como a la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas.
A través de este escrito, la entidad traslada su "preocupación de que el Estado español no cumpla con sus obligaciones de investigar los hechos denunciados".
Por ello, insta a los relatores a pedir información al Gobierno español sobre cómo garantizará una "investigación efectiva e independiente" y a reclamar que se aborde el procedimiento bajo una "perspectiva de género interseccional".
Uno de los ejes centrales de la solicitud radica en la necesidad de articular "medidas urgentes de protección" para las denunciantes --que han tomado los nombres ficticios de Rebeca y Laura--, sus familias y los posibles testigos del caso, ante el "temor a represalias" manifestado por las querellantes.
Desde la defensa sostienen que "la gravedad de los hechos denunciados, la posición de poder económico y social del querellado, así como la actual falta de protección del Estado" incrementan la situación de vulnerabilidad de las denunciantes.
En este sentido, advierten de una "preocupación estructural sobre el acceso a la justicia de mujeres migrantes trabajadoras del hogar", argumentando que factores como su condición migratoria, racial o económica no pueden transformarse en "obstáculos para acceder a la justicia ni para que la querella sea investigada con la debida diligencia".
La organización recuerda que "no sería la primera vez que un organismo internacional señala fallos del Estado español en su deber de diligencia debida".
En ese sentido, cita la resolución del Comité de la CEDAW en 2014 por el 'caso Ángela González Carreño' y la condena dictada en octubre de 2024 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el 'caso T.V. c. España', donde se constató la violación del artículo 4 del Convenio Europeo sobre la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado al no actuar con la debida diligencia en la investigación inicial.
Previamente, el 5 de enero de 2026, las trabajadoras interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue archivada el 23 de enero al estimar el Ministerio Público que España carecía de jurisdicción para investigar los hechos cometidos en el extranjero.