MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
'Amnistía Internacional' denunció este jueves que la mejora de los avances de los derechos laborales en Catar "se han estancado" desde que el país asiático acogiese hace un año el Mundial de Fútbol y que tanto la FIFA como el gobierno catarí la FIFA y Catar "deben acordar planes de reparación para todas las personas afectadas".
"El nuevo informe 'Un Legado en Peligro' muestra que los avances en la mejora de los derechos laborales se han estancado en gran medida desde que finalizó el torneo, y que los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que sufrieron abusos en relación con el torneo siguen sin tener acceso a justicia y reparación", señaló la ONG, que recuerda que el progreso, "limitado", que se había llevado a cabo "en algunos ámbitos se ha visto ensombrecido por la falta de medidas para hacer frente al amplio abanico de abusos que continúan".
Para Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de 'AI', que Catar "siga sin reforzar ni hacer cumplir adecuadamente las reformas laborales que había aprobado antes del Mundial pone en grave peligro cualquier posible legado para los trabajadores y trabajadoras".
"El gobierno debe renovar urgentemente su compromiso de protegerlos, y la FIFA y Catar deben acordar planes de reparación para todas las personas afectadas. Cientos de miles de personas trabajadoras migrantes perdieron su dinero, a causa de prácticas como el cobro de tarifas ilegales en concepto de contratación o el impago de los salarios, su salud e incluso su vida mientras la FIFA y Qatar intentaban desviar y negar su responsabilidad", lamentó.
Cockburn remarcó que desde que acabó la Copa del Mundo "se ha hecho demasiado poco para corregir todos estos males", pero que los trabajadores y trabajadoras que la hicieron "posible" no deben caer "en el olvido". "Los abusos contra los derechos humanos relacionados con el Mundial deben servir para recordar a los organismos deportivos que en su toma de decisiones sobre la adjudicación de eventos deben tratar los derechos humanos como una cuestión prioritaria", advirtió.
Según las personas entrevistadas para el informe, la mayoría de trabajadores y trabajadoras migrantes pueden ahora salir libremente del país y señalaron avances en la aplicación de las leyes relacionadas con el trabajo con exposición al calor, especialmente la prohibición de los trabajos de construcción al aire libre en las horas más calurosas del día, "pero más allá de esto, dibujaron un panorama sombrío en el que el proceso ha perdido impulso y la explotación continúa", puntualizó 'Amnistía Internacional'.
En este sentido, la organización aclaró que se supone que la población trabajadora puede cambiar libremente de empleo para escapar de los abusos u obtener mejores condiciones y que aunque legalmente ya no necesiten el denominado 'Certificado de no objeción' de sus empleadores, en la práctica aún se les solicita algún tipo de permiso.
"Los propios datos del Gobierno muestran que, si bien más de 150.000 personas cambiaron de empleo en los ocho primeros meses del año, durante ese periodo el gobierno también denegó un tercio de las solicitudes de cambio presentadas por trabajadores y trabajadoras", apuntó 'AI'.
Además, los empleadores siguen controlando de facto la presencia de la población trabajadora en el país, lo que pone en peligro su situación jurídica y les impide cambiar de empleador, mientras que el robo de salarios sigue siendo la forma más frecuente de explotación a la que se enfrenta la población trabajadora migrante en Catar, y los salarios también siguen siendo bajos y no se ha producido ningún aumento del mínimo desde que se estableció en 2021, pese a que el coste de la vida ha aumentado.
Además, pese a la creación de comités laborales especializados en el país, los trabajadores y las trabajadoras migrantes siguen enfrentándose a enormes obstáculos en sus reclamaciones a la justicia porque lo en la mayoría de los casos no tienen más remedio que aceptar indemnizaciones muy inferiores a las que les corresponden.
'Amnistía Internacional' cifró en 7.500 millones de dólares los ingresos que obtuvo la FIFA y advirtió que "sigue sin haber claridad en torno al 'Fondo del Legado' del torneo que prometió", demandando al ente rector del fútbol mundial y a Catar a "actuar con urgencia para garantizar que el derecho de las víctimas a un recurso y a indemnización no se niegue ni retrase más".
"Catar no debe engañarse pensando que, por el mero hecho de que el torneo haya terminado, sus acciones no se someterán a escrutinio, y debe renovar sus esfuerzos para mejorar los derechos de la población trabajadora. Por otro lado, a fin de evitar que se repitan los abusos asociados al Mundial de Catar, FIFA debe aprender de sus errores, estar dispuesta a asumir seriamente sus responsabilidades en materia de derechos humanos y remediar directamente los abusos que su inacción haya provocado o contribuido a provocar", sentenció Steve Cockburn.