LaLiga, admitida como acusación en una operación en la que hay 6 detenidos y se han intervenido casi 25.000 aparatos fabricados en China
MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de instrucción número 1 de Madrid ha admitido a LaLiga como acusación particular en una operación llevada a cabo por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que se ha saldado con 6 detenidos de una organización internacional que vendía decodificadores para distribuir contenidos audiovisuales de forma ilegal.
Los dispositivos eran fabricados en China y enviados a un almacén de Madrid, desde donde se distribuían por paquetería a clientes finales o se exportaban al por mayor a otros países europeos donde eran vendidos por terceros.
La organización ofertaba los decodificadores a través de diferentes plataformas web y contaba con un foro en Internet, al que tenían acceso los clientes, en el que explicaban la manera de configurar los dispositivos y desde el que ofrecían soporte técnico.
Los agentes han detenido a seis personas y han intervenido 24.430 decodificadores, desconectando del servicio a 12.000 clientes. El análisis de las cuentas bancarias de los investigados ha revelado unos ingresos derivados de esta actividad ilícita de 1,2 millones de euros entre 2017 y 2021, 800.000 de ellos en los dos últimos años.
La investigación se inició en septiembre de 2019 cuando dos empresas productoras de contenido audiovisual, MEDIAPRO y Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), denunciaron que se estaban vulnerando derechos de propiedad intelectual de los que eran titulares.
Tras varias gestiones, los agentes constataron la existencia de una organización criminal, integrada por ciudadanos de origen chino, dedicada a la fabricación y distribución de decodificadores manipulados que permitirían acceder a contenidos audiovisuales de pago de forma fraudulenta.
DISTRIBUCIÓN DESDE MADRID
Los investigados ofertaban a través de diferentes plataformas web los decodificadores, previamente manipulados, a los cuales se les había instalado un software que permitía el acceso a diferentes plataformas audiovisuales libres o de pago. Obtenían la señal de numerosas plataformas y canales de televisión, las redirigían a su propia estructura de servidores -alojada en, al menos, cuatro países europeos- y posteriormente la distribuían ilegalmente a sus suscriptores.
Además, para dar apariencia de legalidad al negocio se habían registrado bajo una denominación cuyo objeto social era el servicio de mensajería y paquetería a terceros.
El punto neurálgico de la organización se encontraba en un almacén ubicado en una nave industrial de Madrid. Allí se recibían los decodificadores fabricados en China y desde allí se distribuían, bien a través de empresas de mensajería a clientes finales, o bien al por mayor.
Para esto último utilizaban camiones que los repartían en grandes volúmenes a otros países europeos, principalmente Francia, Alemania o Portugal, donde a su vez eran vendidos por terceros. Asimismo, el almacén era el lugar desde donde los técnicos de la organización, a través de un programa informático, tenían el control absoluto de los contenidos audiovisuales que facilitaban, el acceso a los clientes según su perfil de usuario y la modalidad de contratación.
Tenían un foro en Internet que ofrecía soporte técnico a los clientes
Con el avance de la investigación, los agentes identificaron los servidores en los que se almacenaban los contenidos ilegalmente ofertados o las claves o contraseñas que permitían acceder a ellos.
Parte de ellos, resultaron estar ubicados en Alemania, Francia, Canadá y Reino Unido. Además, la organización contaba con un foro en Internet, al que tenían acceso los clientes, en el que se facilitaban el firmware y el software que permitía acceder a los contenidos. Asimismo, aportaban soporte técnico sobre el manejo de los equipos y explicaban los pasos a seguir para acceder a menús ocultos preinstalados que permitían la actividad ilegal.
A principios de febrero se estableció un dispositivo que finalizó con la detención de seis personas en Madrid y la intervención de 24.430 decodificadores, 2.700 euros y el bloqueo de 3 cuentas bancarias. Además, los agentes han desactivado el servicio a los 12.000 clientes y han inhabilitado la página web que gestionaba el foro de usuarios desde el que ofrecían asistencia técnica a los clientes.