AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
Tras la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla de continuar por el trámite del procedimiento abreviado la investigación del proceso de adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España, el alcalde de dicha localidad, Juan José Fernández (IU), ha señalado los "intereses" que a su juicio pesan para que la mina no sea reabierta.
En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Aznalcóllar ha hecho hincapié en que la denuncia inicial de Emerita, de la que parte la investigación judicial, apuntaba a posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude y, finalmente, los nueve acusados han sido procesados exclusivamente por supuesta prevaricación administrativa, recordando además que la juez instructora ha archivado el caso en dos ocasiones.
En ese sentido, ha agradecido la "honestidad" de la investigación desplegada por la Guardia Civil y la Fiscalía, instancia esta última que ha pedido varias veces el archivo de las actuaciones, incluso en esta última ocasión.
En paralelo, ha avisado de pesan "intereses" para que la mina no sea reabierta o que "la minería no prospere en Andalucía". Y mientras Emerita Resources España y Andalucía Mining figuran como acusaciones en el citado procedimiento judicial, el alcalde ha avisado de la actuación de empresas "que no son capaces de desarrollar" proyectos de minería y que funcionan "como bancos", actuando únicamente con fines de "especulación".
Así, ha criticado que "se pongan en juego 2.000 puestos de trabajo" en la comarca "con más paro de la provincia de Sevilla", dando también "al traste" con una inversión prevista de "500 millones" de euros para la reactivación y explotación de la mina, algo que supondría "30 años" de actividad en la zona.
Rememorando que la investigación judicial suma ya más de "cinco años" y ha sido archivada en dos ocasiones, el alcalde de Aznalcóllar ha lamentado que de nuevo el municipio afronte "más de lo mismo" a cuenta de dicha causa. "Estamos hartos de escuchar más de lo mismo", ha enfatizado, defendiendo que los vecinos de la comarca son "gente humilde que quiere trabajar y ganar un sueldo digno con el sudor de la frente".
Así, Juan José Fernández ha criticado la "injusticia" que a su entender pesa sobre la localidad, cuyo reto es "la reindustrialización" y combatir el paro, exponiendo que antes de "mover ficha" ha solicitado reuniones con representantes de la Junta de Andalucía como administración promotora de la reapertura de la mina.
AUTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO
En un auto fechado este pasado lunes y recogido por Europa Press, la juez instructora Patricia Fernández Franco ordena procesar a los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.
Tras la denuncia inicial de Emerita Resources España, que competía con el grupo México-Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo, la juez instructora ha archivado dos veces las diligencias.
LAS DECISIONES DE LA AUDIENCIA
Empero, tras ser impugnadas ambas decisiones de archivo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.
Ahora, en su última decisión, la juez instructora ha decidido transformar las diligencias en procedimiento abreviado contra los citados nueve acusados por un presunto delito de prevaricación administrativa, considerando que "los indicios existentes son bastantes para abrir la llamada fase intermedia, dando por terminada la instrucción jurisdiccional y acomodando las actuaciones al procedimiento legalmente previsto".
En consecuencia, ha habilitado un plazo de diez días para que las partes personadas en la causa "formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa".