Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). Zapatero declara hoy como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que indaga en presuntas irregu - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo
MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Audiencia Nacional que excluya de la investigación del 'caso Plus Ultra' las supuestas gestiones que el juez le atribuye con Bolivia para presuntamente beneficiar a una empresa peruana a cambio de 200.000 euros.
Con un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el exlíder socialista apela a la Sala de lo Penal para que la "extracción" del informe de la Policía Nacional que reveló esas supuestas gestiones, al considerar se refiere "a hechos ajenos" a la causa y "no derivar directamente de la documentación incorporada".
La defensa de Zapatero --imputado en la causa como presunto líder de una red de tráfico de influencias-- sostiene que el informe policial y la información que analiza "trazan una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una persona desarrolla su vida privada, afectando a su derecho fundamental a la intimidad económica".
Y lo hace, según critica, "sin que el juez instructor hubiera habilitado el acceso y tratamiento de esa información que afecta al derecho fundamental, previo juicio de ponderación y dictado de resolución motivada".
"En definitiva, se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado José Luis Rodríguez Zapatero", asegura.
Por eso, la defensa reclama que se expulse del procedimiento el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre lo que califica como "actividad de asesoramiento".
"Que viene de una investigación general sobre Rodríguez Zapatero no autorizada judicialmente, vulnerando su derecho a la intimidad, y consolida una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía 'ex ante' sospecha alguna", agrega.
"PATENTE DE CORSO"
La defensa critica también lo que considera una "patente de corso" por parte del juez instructor, José Luis Calama, para que la investigación "se dirija a cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado".
Según el informe de la UDEF, el expresidente del Gobierno recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, con causas judiciales abiertas en aquel país.
La UDEF precisó que el pago se justificó con "un contrato simulado con una sociedad interpuesta", llamada Focus Social Research, por la "prestación de servicios de asesoría" e indicó que el exdirigente realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas.
También subrayó que esa empresa "únicamente aparece en dos momentos, para la firma del contrato y para el abono de las facturas, no habiendo referencia alguna a gestión o asesoramiento practicado a favor de esta sociedad".
Y apuntó que Zapatero "se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia" como el entonces presidente Luis Arce o "los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado", materializándose encuentros presenciales durante un viaje que hizo a las ciudades bolivianas de La Paz y Sucre en septiembre de 2024.
Los agentes explicaron que el objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de Grupo Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia.
A su juicio, estos hechos "apuntalan" los indicios de "la existencia de una organización criminal, liderada por Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes".
Igualmente, consideraron que hay nuevos indicios de que "el ejercicio de dichas influencias sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos 'ad hoc' para justificar dichos pagos".