CARTAGENA (MURCIA), 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El guardia civil acusado de participar en una presunta trama de tráfico de drogas desarrollada en 2012 en el puerto de Escombreras, en Cartagena, en la que están encausadas otras 17 personas de nacionalidades española, colombiana y británica, ha negado este lunes su implicación en los hechos que se le imputan.
U.A.G., que ha rechazado responder a las preguntas de la Fiscalía y del resto de abogados defensores a excepción del suyo, ha asegurado que no favoreció "ni mucho menos" el tráfico de estupefacientes desde Sudamérica a Cartagena aprovechando su destino profesional en el Puesto Fiscal del citado puerto.
La Benemérita comenzó a investigar a este agente junto a J.A.M.S., y a la cónyuge de este, L.L.L., después de que el primero fuera detenido por la sustracción de unos 13.000 kilogramos de cobre en el Puerto de Escombreras. En esa causa, los investigadores detectaron que el acusado mantenía contactos y reuniones con personas relacionadas con el narcotráfico y con el guardia civil.
En una de las vigilancias, efectivos de Asuntos Internos observaron a U.A.G. coger un coche propiedad de L.L.L. y trasladarse, con una maleta, al puerto de Escombreras, donde subieron a un buque con bandera de Malta y, tras un tiempo, bajaron de él varias personas para marcharse en el mismo vehículo.
Esta es la primera de las nueve sesiones previstas del juicio contra una presunta trama de tráfico de drogas en la que también están acusados un policía portuario y un funcionario de Justicia.
Según las conclusiones del Ministerio Fiscal, los arrestados pretendían introducir en España, a través del puerto de Escombreras, más de 100 kilogramos de cocaína adosada al casco de buques procedentes de puertos sudamericanos.
La Fiscalía señala en su escrito de calificación que el guardia civil podría llegar a recibir, a cambio de su intervención, una importante cantidad de dinero que llega a cifrar en 35.000 euros, así como terminales móviles. Por su parte, J.A.M.S., amigo de la infancia del anterior, servía supuestamente de enlace con la parte colombiana de la trama, ubicada en Madrid, y aportaba al plan diseñado la participación del agente.
PRIMERA JORNADA DE JUICIO ORAL
Tras varios intentos por parte de abogados de la defensa para suspender el juicio por la ausencia de uno de los encausados, el proceso se ha iniciado con la declaración de J.M.R.M., de nacionalidad colombiana y residente en Madrid, definido por el Ministerio Público como uno de los principales financiadores de la operación. Para él solicita la pena de 12 años de prisión y 20 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros.
J.M.R.M., que cuenta con antecedentes por blanqueo de capitales, ha asegurado que nunca vio al agente en las reuniones, aunque ha dicho que sí le habló de él, como participante en los hechos delictivos, J.A.M.S. El primero ha ratificado que colaboró en el entramado con la intención de introducir droga en España hasta que vio "muchas mentiras de parte y parte".
Por su parte, G.N.L, de nacionalidad británica, ha afirmado que el agente, con el que contactó a través de una persona de La Unión, "no se negó a colaborar" en actuaciones para introducir en España mercancías diversas como tabaco de contrabando, hachís o chatarra procedente de Marruecos. De hecho, ha apuntado que el efectivo de la Benemérita "insistía mucho" en llevarlas a cabo.
El resto de encausados, incluido el guardia civil, solo han aceptado responder a las preguntas de su defensa, y han negado todos los hechos que se les imputan y su relación con el tráfico de drogas. Como justificación de las reuniones entre los dos presuntos cabecillas, estos han puesto de manifiesto que son amigos desde la infancia y que el objetivo de los encuentros era hablar de problemas con sus respectivas esposas.
PENAS DE HASTA 14 AÑOS
El Ministerio Fiscal ha solicitado para los acusados penas que van desde los tres hasta los 14 años, como es el caso del agente de la Guardia Civil. En el marco de este macrojuicio están citados más de 70 testigos y un total de 15 peritos.
Otro de los detenidos, M.I.V., era funcionario del Ministerio de Justicia, destinado en el Cuerpo de Auxilio Judicial del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena, y mantenía "una estrecha y anómala relación" con uno de los principales miembros de la trama.
Según apunta la Fiscalía, este individuo, que no pertenecía a la organización, era la persona encargada de dar cobertura de seguridad a nivel judicial, avisando de cualquier operación o actuación judicial o aconsejando sobre los pasos a seguir cuando se sospechaba de una posible investigación policial.