JAÉN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El cruce de acusaciones entre los procesados y el intentar eludir la responsabilidad de los hechos que se les imputan ha marcado la primera de las tres jornadas del juicio que se sigue en la Audiencia de Jaén con 16 personas sentadas en el banquillo acusadas de integrar una red internacional de prostitución que se encargaba de captar mujeres en Colombia para traerlas "bajo engaño" a España y obligarlas a ejercer la prostitución en pisos repartidos por Jaén y Córdoba.
Así, mientras uno de los acusados de la supuesta red ha declarado ante el tribunal sentirse "víctima de esta trama criminal", otra de las procesadas ha apuntado directamente a éste de haberla amenazado para que le trajera "material humano" de Colombia si quería zanjar la deuda que tenía con él y sus "dos socios" y que a su madre y a su pareja no le pasara nada.
Otros se han limitado a decir que sus labores en los siete pisos con los que contaba la supuesta trama, repartidos en Jaén capital, Martos (Jaén) y La Carolota (Córdoba), se limitaba a la limpieza y la cocina, pero han rechazado ejercer la labores de control de las 21 mujeres victimas de la prostitución que aparecen en la causa, entre ellas una menor de 17 años.
Una de las acusadas ha reconocido que durante estado de alarma, ella estuvo controlando el tiempo de los clientes y se encargaba directamente de abrirles la puerta, además de labores de limpieza y cocina. Lo hizo, según su declaración, para saldar una deuda y proteger a su familia.
Las tarifas estaban claramente definidas, entre 100 euros y 80 euros la hora, 50 euros la media hora y 30 euros el cuarto de hora. De lo que se cobraba, el 60 por ciento era para las chicas y el resto para su mantenimiento y saldar sus deudas con la organización. Una vez a la semana se recogía el dinero.
Todos ellos han coincidido en las mujeres se encontraba bien, que "salían y entraban cuando querían" y que mantenían el contacto telefónico con sus familias. "La puerta estaba abierta, yo no tuve retenida a ninguna persona", ha declarado una de tres supuestos cabecillas de la trama. Algunos de ellos han mantenido que desconocían que en los pisos donde ellos mismos vivían se ejerciera la prostitución.
Del total de los acusados, once se encuentran en prisión provisional por esta causa. De los 16 procesados, ocho son mujeres y el resto hombres. Este martes será el turno de las declaraciones de los investigadores y de las mujeres víctimas de esta trata. La idea de la inicial de la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén es que el miércoles declaren las seis testigos protegidas de esta causa y se puedan dejar visto para sentencia.
A las mujeres, según relata el escrito del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, se las recluía en los pisos, "en algunos casos contra su voluntad, uso de la fuerza física e incluso causando lesiones", con el objetivo de "obligarlas o facilitarles el desarrollo de actividades de prostitución u ofrecimiento de servicios sexuales".
Al frente de cada inmueble se situaba un controlador o vigilante que se encargaba de coaccionar a las mujeres y de contabilizar los servicios sexuales, además de controlar el tiempo que invertían y recaudar el dinero que pagaban los clientes. De esta forma, "obligaban a las mueres con las que se ha traficado a encontrarse disponibles para tal actividad durante 24 horas al día".
Fue una de las mujeres víctimas de esta trata la que en su intento de huida se puso en contacto con su familia en Colombia para facilitarles su ubicación. Sus familiares lo denunciaron a la Policía colombiana y esta lo trasladó a la Policía Nacional. A partir de aquí, se puso en marcha un dispositivo policial en marzo de 2020 que culminó con detenciones y la puesta en libertad de varias mujeres víctimas de la prostitución, entre ellas una menor de edad.
Esta red se mantuvo operativa durante los primeros días del estado de alarma vigente en la pandemia. Pese a las restricciones de movilidad, el negocio siguió en auge e incluso algunas de las mujeres eran obligadas a desplazarse a domicilios privados para ejercer la prostitución.
El hilo de la investigación terminó imputando a 18 personas, aunque dos de ellas no se sentarán en el banquillo ya que una de ellas es un hombre que no ha sido procesado por estar en Colombia y el segundo ha sido excluido de ser juzgado por su estado mental.
A cada uno de los 16 acusados el Ministerio Fiscal les imputan 20 delitos de trata de seres humanos y uno más de trata de menores en concurso con un delito de prostitución. También les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y un delito contra la salud pública.
Por todos ellos, los procesados se enfrentan a penas que suman 222años de cárcel para los tres cabecillas de la trama y 175 para el resto de procesados. Independiente de lo que suman las penas, por el Código Penal, auque fueran condenados no cumplirían más de 20 años de prisión.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal les reclama que indemnicen a cada una de las 21 mujeres víctimas de esta red de trata en cantidades que van desde los 20.000 a los 35.000 euros en función del tiempo que "estuvieron sometidas a la red y a la efectiva práctica del comercio sexual".