SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Frente a la providencia con la que el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla pide a las partes personadas en la causa por la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación México Minorbis, que se pronuncien sobre "el curso del procedimiento" al no apreciar ya "diligencias de investigación pendientes de practicar", Ecologistas en Acción ha manifestado que estudia solicitar nuevas actuaciones.
Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción en Sevilla, ha manifestado a Europa Press que ante dicha providencia, su organización, personada en esta causa judicial, está estudiando "solicitar nuevas diligencias" de investigación para profundizar más en los hechos indagados, avanzando que si finalmente la juez Patricia Fernández Franco decide dar por concluida la instrucción, Ecologistas en Acción se opondrá a cualquier petición de sobreseimiento y defenderá la celebración del juicio.
En esta providencia, fechada el pasado 13 de marzo antes de la entrada en vigor del estado de alarma por la pandemia de Covid-19 y recogida por Europa Press, la juez instructora Patricia Fernández Franco incorpora a la causa un escrito en el que la defensa de Juan José García Bartolomé (gerente de la sociedad de capital de riesgo Invercaria) esgrime un certificado de dicha entidad sobre "la ausencia de cambios en su situación profesional".
Sobre tal aspecto, la juez Patricia Fernández Franco considera que no resulta "necesario expedir nuevo mandamiento" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Además, une a la causa un escrito de la defensa de Vicente Cecilio Fernández Guerrero, quien fuera secretario general de Innovación de la Junta de Andalucía entre 2012 y 2016 y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), solicitando el sobreseimiento de las actuaciones respecto al mismo.
Finalmente, la juez instructora expone que "teniendo en cuenta que no existen actualmente diligencias de investigación pendientes de practicar, se acuerda conferir traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo de diez días para alegaciones sobre el curso del procedimiento".
La causa judicial parte de la denuncia inicial de Emerita Resources España, que competía con México Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar.
DESDE 2015
Tras ser resuelto en 2015 el concurso en favor de la propuesta del grupo México Minorbis, Emerita Resources interpuso su demanda por la vía Penal, apreciando presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo.
La juez instructora Patricia Fernández Franco ha archivado en dos ocasiones las diligencias incoadas tras la denuncia inicial de Emerita Resources España, pero en ambas ocasiones la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.
Entre los investigados, además de García Bartolomé o el exsecretario general de Innovación de la Junta y expresidente de la SEPI; figuran la exdirectora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; o los hermanos I.L.M. y M.L.M., ambos representantes de Magtel, que participa del grupo México Minorbis; entre otros.
EL ÚLTIMO INFORME DE LA UCO
En un reciente informe de la UCO, los investigadores de la Guardia Civil consideran que, una vez analizada toda la documentación, no se puede determinar "la existencia de ninguna compensación de tipo laboral o retributiva" para los funcionarios o técnicos que formaron parte de la mesa de contratación constituida por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina allá por 2015.
Según reza en el informe, recogido por Europa Press, los únicos que obtuvieron puestos de "más relevancia" fueron el entonces secretario general de Innovación Vicente Fernández y la directora general de Minas María José Asensio, que fueron nombrados interventor general de la Junta y viceconsejera, respectivamente, "ambos puestos políticos", y una funcionaria que cambió "a un destino de mayor nivel".
"El resto de las personas investigadas no obtuvieron puestos de trabajo que, en vistas del complemento de destino, supusieran un aumento significativo de sus retribuciones o en la relevancia del puesto de trabajo", señala el informe, concluyendo que el análisis de la información fiscal y tributaria analizada "no ha arrojado ningún dato reseñable relacionado con las personas que componen dicho círculo personal".