SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La representación legal de la sociedad Emerita Resources, la otra empresa que se presentó al concurso de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar (Sevilla) en 2015, siendo estos adjudicados a la agrupación empresarial México Minorbis, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel, ha presentado una denuncia en los juzgados de Sevilla en la que reclama que se investigue una supuesta trama para "encubrir las ilegalidades" que se dieron supuestamente en esa adjudicación.
La denuncia interpuesta por el bufete Trajano XXV, a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra nueve de los ya imputados en la causa penal, aunque en este caso por delitos diferentes tales como encubrimiento, falso testimonio, obstrucción a la justicia, usurpación de funciones públicas y desobediencia, ha adelantado el diario 'El Mundo'.
En concreto, la denuncia ha sido interpuesta contra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y exsecretario general de Industria de la Junta, Vicente Fernández, y la exdirectora general de Minas María José Asensio, entre otros.
Los hechos que denuncian son "precisamente actuaciones posteriores a la otra denuncia, perpetradas presuntamente por funcionarios o trabajadores públicos y con la posible intención de confundir a la autoridad judicial, para enmascarar y encubrir la arbitrariedad y el torcimiento severo de la legalidad que supuso que se permitiese al consorcio Minorbis Grupo México pasar a la siguiente fase del concurso".
Cabe recordar que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó a principios de este mes de octubre la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero, tras estimar la Sala el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la empresa que denuncia ahora este supuesto encubrimiento.
Por su parte, una semana después, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla acordó ampliar la investigación de la causa con respecto a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales y, asimismo acordó citar como investigados a la totalidad de los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación, a fin de que puedan mantener, ampliar o matizar sus declaraciones anteriores, y prestar nueva declaración quienes no lo hicieron con anterioridad.
Además, la magistrada extiende esa citación como investigado al que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, así como a los hermanos Isidro L.M. y Mario L.M., ambos representantes de Magtel, mientras que la exsubdirectora general de Minas, la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, acudirá a declarar como testigo.
Igualmente, la juez acordó solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo.