Rechaza ser extraditado a Estados Unidos y asegura que los contratos fueron aceptados por las presuntas víctimas
MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presunto jefe de una organización criminal que, entre 2012 y 2019, obligó a al menos 16 mujeres de entre 18 y 22 años a grabar porno en condiciones extremas ha rechazado este jueves ser extraditado a Estados Unidos.
"Me acusan de cosas que ni siquiera he hecho", ha asegurado el reclamado en la vista de extradición que se ha celebrado en la Audiencia Nacional. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado al tribunal a que se proceda a su entrega a la potencia norteamericana.
En su turno de palabra, el acusado ha asegurado que tiene "todas las pruebas de que las chicas sabían perfectamente el trabajo que iban a desempeñar". "No entiendo que puedan decir que vinieron a hacer algo mas", ha aseverado antes de ser interrumpido por la presidenta del tribunal.
La magistrada Teresa Palacios ha pedido a la intérprete que no tradujese sus palabras al considerar que el reclamado se refería a hechos que exceden las competencias de este tribunal, que no puede entrar al fondo del asunto.
Su defensa, que ha mostrado su "total y absoluta disconformidad con la solicitud de entrega", ha dejado claro que "no se puede decir que pertenece a una organización criminal". "Es el director general de una entidad dedicada a cine para adultos, pero es una entidad perfectamente legal en EEUU", ha apuntado.
DEFIENDEN LA LEGALIDAD DE LOS TRABAJOS
Así, ha explicado que "todos los contratos que se hacían con las personas que firmaban estaban amparados por un documento firmado por ambas partes", a pesar de que la reclamación de entrega traiga causa de una "reclamación de unas personas que habrían tenido una serie de perjuicios por la difusión de esas imágenes".
En esta línea, su letrado ha instado a los magistrados a que consulten "en Wikipedia" acerca del sitio web, que "estuvo en funcionamiento hasta 2020, cuando por una sentencia de tipo civil y una serie de reclamaciones" tuvo que ser anulada.
Asimismo, su representación ha señalado la posibilidad de que los hechos por lo que es reclamado puedan "estar eventualmente prescritos teniendo en cuenta la legislación norteamericana".
El Ministerio Fiscal, por su parte, ha asegurado que "no es cierto que los vídeos fueran para uso privado", puesto que se publicitaron y generaron unos beneficios de 17 millones de dólares.
Además, la difusión de los mismos llevó a que "las familias de las mujeres conocieran los hechos". "Y por vergüenza perdieron sus trabajos, dejaron los estudios y algunas intentaron suicidarse", ha añadido.
Por último, la Fiscalía ha sostenido que no concurre causa juzgada ni prescripción. "No concurriendo causas de denegación, la Fiscalía interesa que se acceda a la entrega", ha apostillado la representante del Ministerio Público.
OFRECÍAN TRABAJOS DE MODELAJE
En el escrito de la propia Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que el sospechoso habría captado a través de su red a todas estas mujeres --entre las que se incluye una niña de 16 años-- "mediante ofertas de trabajo que resultaron ser falsas, pues lo eran para trabajos de modelaje" en Estados Unidos.
"Una vez que las mujeres respondían al anuncio, el reclamado y los demás miembros del grupo criminal les ofrecían entre 3.000 y 5.000 dólares por participar en la producción de vídeos pornográficos, afirmando que se mantendría su anonimato y que sus vídeos serían adquiridos únicamente por un coleccionista privado con residencia en Australia, a quien se les entregaría en formato DVD y que nunca serían públicos", explica la Fiscalía.
En ocasiones, añade el Ministerio Fiscal, "los miembros del grupo criminal contrataban a otras mujeres como parte del engaño, quienes afirmaban a las víctimas haber participado en la elaboración de esos vídeos y que el reclamado y sus secuaces decían la verdad, que dichos vídeos nunca saldrían a la luz, más allá de su visionado por el coleccionista privado".
Una vez que las víctimas aceptaban, eran desplazadas en avión hasta San Diego, en California, lugar de producción de los vídeos pornográficos. Allí, "el reclamado y sus secuaces desplazaban a la víctima hasta un hotel y en la habitación le resumían el contenido del contrato que le iban a pasar a la firma".
NO CUMPLÍAN LAS CONDICIONES
"Frecuentemente, antes de que ello sucediera, le habían ofrecido alcohol y marihuana para consumir y nunca les entregaban copia del mismo. Si veían dudar a la víctima, bloqueaban la puerta de salida del hotel", sostiene la Fiscalía.
En este contexto, aduce el Ministerio Público que "en la filmación de los vídeos nunca se cumplían las condiciones que afirmaron el reclamado y sus secuaces a las víctimas que iban a respetar".
"Así, las víctimas se negaban a continuar debido al daño físico que sufrían, y se negaban a efectuar algunos de los actos sexuales que les eran exigidos. Entonces eran presionadas por el reclamado y por los demás investigados para continuar, bajo amenaza de que, de no hacerlo, no podrían salir de allí, serían demandadas por incumplimiento de contrato, se les reclamaría la devolución del importe del billete de avión y de su estancia en el hotel y, respecto de las que eran extranjeras, que serían expulsadas del país", recoge el escrito.
La Fiscalía explica que los sitios porno gestionados por el reclamado generaron unos beneficios de 17 millones de dólares, una cantidad que éste "no solo guardó en su propio beneficio y utilizó para pagar a los demás miembros del grupo, sino que destinó a abonar los billetes de avión de las víctimas a las compañías aéreas, las habitaciones de los hoteles y la renta del alquiler" donde se grababan los vídeos.