MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado (FGE) registró 4.656 peticiones de expulsión de extranjeros con condenas de prisión en 2024, 512 más que en 2023 (4.144), según se desprende de su Memoria correspondiente al año pasado presentada este viernes durante la apertura del Año Judicial.
El documento recogido por Europa Press señala que estas solicitudes de expulsión como sustitución de penas de prisión superiores a un año continúan en línea ascendente. En este sentido, indica que se registraron 536 solicitudes en trámite de sentencia y 674 en ejecutorias.
Asimismo, durante el mismo año, los fiscales también emitieron 1.117 informes relativos a expulsiones de ciudadanos extranjeros incursos en causas penales, siendo las comunidades con mayor número Madrid (204), Andalucía (117), Comunidad Valenciana (108), País Vasco (84) y Cataluña (82).
A pesar del aumento en las solicitudes, la Memoria destaca "dificultades" en la materialización de las expulsiones, que incluyen retrasos en los juzgados, problemas de localización de los condenados y la falta de cooperación de algunas autoridades consulares, especialmente en el caso de ciudadanos marroquíes y argelinos.
2.428 INFORMES DE INTERNAMIENTO EN CIE
Respecto a los expedientes de internamiento, durante el año 2024, señala que los fiscales han emitido 2.428 informes de internamiento en Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), siendo la cifra ligeramente inferior a la del año anterior (2.726).
También denuncia que continúan las "dificultades" para repatriar a los ciudadanos argelinos, y en ocasiones, a marroquíes. Por ello, informa que las fuerzas policiales han dejado de solicitar autorización para proceder a su internamiento en CIE, tal y como exponen entre otros los delegados de Baleares, Valencia y Murcia.
En España actualmente se encuentran en funcionamiento seis Centros de Internamiento de Extranjeros en concreto en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco), Algeciras, Murcia y Valencia. El centro de Hoya Fría en Tenerife ha permanecido inoperativo en 2024.
Fiscalía advierte que los "mayores problemas detectados" se refieren a las peticiones de asilo y protección internacional de los ingresados, que "a veces supone el cese del internamiento por no poder realizarse los trámites dentro del tiempo legalmente establecido", así como los derivados de las dificultades para la repatriación, que "implica que personas que han permanecido ingresadas, finalmente sean puestas en libertad por dificultades en la documentación". Así, de los 1.893 ingresos de personas en CIE, se han repatriado a 1.037, lo que equivale a una eficacia del 54,7%.