Publicado 11/11/2021 18:49CET

Guatemala.- La AN tomara declaración el 24 de noviembre a dos investigados en 'Pit', el proyecto de Villarejo para los Pérez Maura

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en ‘Púnica’, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrupci
Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en ‘Púnica’, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrupci - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional tomará declaración el próximo 24 de noviembre a Francesc Xavier Tauler y a José Jiménez Molina, dos investigados en 'Pit', la pieza separada número 4 de 'Tándem' que investiga el proyecto del comisario jubilado José Manuel Villarejo por el que habría facturado 7,4 millones de euros a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala.

Según ha adelantado 'La Información' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, ambos estaban citados en un principio para el pasado 27 de octubre, aunque el Juzgado Central de Instrucción Número 6 acordó aplazar las declaraciones por motivos de agenda. Finalmente, Molina declarará ante el juez Joaquín Gadea a partir de las 10.00 horas mientras que Tauler hará lo propio seguidamente, a las 10.15 horas.

Francesc Xavier Tauler, el exconsejero delegado de la constructora Copisa, fue imputado por el magistrado Manuel García Castellón por el presunto pago de una comisión de 30 millones de euros para la concesión de un contrato para el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, así como para los directivos de la autoridad local adjudicataria Empresa Portuaria Quetzal-EPQ.

En un auto, el juez detalló la adjudicación a la empresa TCQ del proyecto de construcción de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal en Guatemala. Así, y mediante mordidas, se habría buscado "eludir la vigente normativa de contratación de Guatemala, logrando de este modo la sustitución del procedimiento normado de una concesión pública por la obtención sin una previa licitación".

En el centro de la operación el magistrado situó a Tauler, que en la fecha de los hechos "era el presidente del Consejo de Administración de COPISA". Precisamente, TCQ habría contratado a COPISA Constructora Guatemala en octubre de 2013 mediante un contrato cuyo objeto era la proyección y ejecución material de la terminal de contenedores.

Por su parte, José Jiménez Molina fue citado como investigado en la causa por un presunto delito de cohecho internacional. En concreto, Jiménez Molina habría hecho las veces de intermediario en el "pacto de apoyo económico" al que Ángel Pérez Maura habría llegado con uno de los implicados en la operación, Juan José Suárez Messeguer.

EL ORIGEN DE PIT

Guatemala solicitó a España la entrega de Pérez Maura en el año 2016 acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios del país, incluido el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.

Según la tesis de los investigadores, en abril de aquel año los Pérez Maura recurrieron a un abogado de su confianza, Enrique Maestre, para que intentase buscar una solución. Él acudió a Adrián De La Joya, ya conocido en la Audiencia Nacional por su imputación en Lezo.

La causa abierta en la Audiencia Nacional en 2016 se archivó en dos ocasiones porque Guatemala no remitía los papeles necesarios para cursar la entrega de Pérez Maura. En este sentido, el instructor destacó en un auto que De la Joya ostentó "un papel fundamental en la trama internacional tendente a evitar la entrega" y "muy especialmente para evitar el proceso penal en Guatemala, destacando su papel con personas arraigadas en los Estados Unidos".

El procedimiento se reabrió definitivamente en 2018, cuando Pérez-Maura se negó a ser extraditado y la Audiencia Nacional dictó una sentencia por la que rechazaba entregarle a Guatemala dada su condición de ciudadano español, aunque abría la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban. El caso lo pilotó la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

EL JUEZ ASUMIÓ LA CAUSA ABIERTA EN GUATEMALA

Finalmente, las empresas de Villarejo y Redondo se embolsaron 7,4 millones de euros en concepto de retribución por los "ilícitos servicios contratados", un dinero que después se distribuyó "para efectuar pagos a mercantiles vinculadas a terceras personas relacionadas con el proyecto 'Pit', para el mantenimiento de la estructura societaria investigada (...) o para realizar transferencias a otras cuentas de las mismas sociedades y otras cuyo titular real es Villarejo", según explicaba un auto del juez. Llegó incluso a comprar acciones con aquellos fondos.

La Fiscalía Anticorrupción, que se ha hecho cargo tanto de esta causa como de la abierta en Guatemala, les imputa delitos de cohecho, cohecho internacional, tráfico de influencias, falsedad documental, encubrimiento, blanqueo de capitales y organización criminal, este último a De La Joya y Villarejo.

Precisamente el pasado mes de abril García-Castellón acordó en un auto asumir la causa abierta por las autoridades de la República de Guatemala contra Ángel Pérez Maura a los efectos de concluir la fase de instrucción y en su caso su posterior enjuiciamiento. El Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala le imputa delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho.

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