Publicado 22/04/2021 16:25CET

Guatemala.- El juez de 'Tándem' asume la causa abierta en Guatemala contra el naviero Ángel Pérez-Maura

Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo responde a los medios de comunicación a su salida de la Audiencia Nacional donde le han interrogado como investigado en dos piezas separadas del caso 'Tándem', en Madrid, (España), a 4 de marzo de 2021
Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo responde a los medios de comunicación a su salida de la Audiencia Nacional donde le han interrogado como investigado en dos piezas separadas del caso 'Tándem', en Madrid, (España), a 4 de marzo de 2021 - Óscar Cañas - Europa Press - Archivo

Se le imputan delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, por hechos idénticos a los investigados en la Audiencia Nacional

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado asumir la causa abierta por las autoridades de la República de Guatemala contra el naviero Ángel Pérez Maura a los efectos de concluir la fase de instrucción y en su caso su posterior enjuiciamiento.

El magistrado, que investiga en la pieza separada número 4 de Tándem los trabajos realizados por el comisario José Manuel Villarejo para evitar la extradición del naviero a Guatemala, indica en un auto con fecha de 20 de abril que en la causa 01074-2015-0017 tramitada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente se le imputan delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho.

Así, acumula esa investigación internacional a la pieza abierta en su Juzgado en conformidad con la comisión rogatoria librada al efecto. La causa viene de 2016 cuando Pérez-Maura compareció en la Audiencia nacional para ponerse a su disposición en virtud de la orden internacional de detención expedida por Guatemala.

Mediante auto de 31 de mayo de 2018 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó denegar la entrega en fase jurisdiccional de Pérez-Maura sin perjuicio de que fuera juzgado en España tal y como solicitan ahora las autoridades guatemaltecas.

Ya en 2019 la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella por delito de cohecho internacional contra, entre otros, el naviero, y el magistrado acordó esa imputación en el marco de la pieza número 4. Esa querella se dirigía también contra Javier Soucherón Marcet "por hechos objetivamente idénticos" a los formulados por las autoridades de Guatemala.

LAS PESQUISAS EN GUATEMALA

En esta pieza se llevan a cabo pesquisas para aclarar el plan desarrollado por Villarejo para evitar la extradición del naviero. Junto al empresario Adrián De La Joya planeó apoyar económicamente al ex embajador guatemalteco en Estados Unidos Julio Ligorría para que llegase a la presidencia de Guatemala, a fin de que librase a Pérez-Maura de la causa por corrupción que tenía abierta allí.

Así lo negociaron en una reunión mantenida en Nueva York en febrero de 2017 y tal cual quedó registrado en un audio grabado por Villarejo que obra en poder de la Audiencia Nacional, donde se investiga, entre otras actividades ilícitas del excomisario, este proyecto denominado 'Pit' por el que facturó más de 7,4 millones de euros para frustrar la extradición de Ángel Perez Maura.

En aquella reunión participó Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente de EEUU Donald Trump, que en marzo de 2018 fue condenado allí a tres años y once meses de cárcel por delitos fiscales. Este lobbista tenía relación con De La Joya en otros proyectos y ambos esperaban su colaboración para empujar la carrera de Ligorría.

De hecho, parte del plan que tramaron con Manafort en aquel encuentro en Nueva York pasaba por 'cargarse' la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y a su máximo representante, Iván Velásquez Gómez, principales impulsores de la causa, con Ligorría desde la presidencia del país, según fuentes consultadas por Europa Press.

Pero no contaron con que el propio Ligorría se vería involucrado en el mismo caso de corrupción que Pérez Maura y que acabó con el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina en prisión. Las autoridades guatemaltecas y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) acusaron al ex embajador de un delito de cohecho por presuntamente integrar un grupo criminal especializado en captar fondos de procedencia ilícita para financiar campañas electorales.

LIGORRÍA Y PÉREZ-MAURA, NO EXTRADITADOS POR ESPAÑOLES

Ligorría fue detenido en Madrid el 26 de septiembre de 2017 en virtud de una orden internacional emitida por Guatemala y el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, le puso en libertad con medidas cautelares en tanto se tramitaba la extradición. Llegado el momento, Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió que no se le entregase dado que desde 2009, era ciudadano español.

Entretanto, la extradición de Pérez-Maura seguía su curso. Según la tesis de los investigadores, ante la reclamación de Guatemala, los Pérez-Maura se pusieron en manos de un abogado de su confianza, Enrique Maestre, quien a su vez contactaría con De la Joya para pedir ayuda. Éste, amigo de Villarejo desde los 80, le haría el encargo y pactaría con él repartirse "a pachas" una "serie de milloncitos", aunque reconocía que llevaría tiempo y dinero y que habría que "tocar a mucha gente" tanto en España, como en Guatemala y EEUU.

Para las gestiones al otro lado del Atlántico contaban también con otra persona, el asesor Francisco Soucheiron, quien fue detenido junto a De la Joya, Maestre, y los Pérez-Maura en mayo de 2019 y, al igual que ellos, está en libertad con medidas cautelares tras consignar una fianza. Tiene, además, parte de sus bienes bajo embargo del juzgado.

El caso de Pérez-Maura se abrió en 2016 y recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2, que lo archivó dos veces por falta de documentación. Finalmente y tras la celebración de la vista dos años después, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional denegó la entrega el 31 de mayo de 2018 por tratarse de un ciudadano español. Fue la misma razón que justo el mismo día, argumentó la Sección Segunda en la sentencia que rechazó la entrega de Ligorría.

A la luz de estos hechos, de los audios y documentos que obran en la causa, como la acreditación de ingresos en cuentas de las empresas de Villarejo por importe de 7,4 millones de euros que habría percibido por este encargo y que después, acabaron en cuentas de terceros relacionados con él, la Fiscalía Anticorrupción instó al juez a tomar declaración a siete personas entre las que figuraban tanto el comisario como su socio en el entramado empresarial, Rafael Redondo, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil.

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