Publicado 03/06/2026 18:50

El jefe de la UCO hasta 2025 desveló presiones para "ponerse de perfil" en la investigación del hermano de Sánchez

Aseguró que el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos afeó un informe judicial por ser "totalmente prospectivo y malintencionado"

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a su llegada a la tercera jornada de un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a su llegada a la tercera jornada de un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz - Andrés Rodríguez

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera jefe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO) para "ponerse de perfil" en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa".

Según consta en el sumario del 'caso Leire Díez', al que ha tenido acceso Europa Press, el actualmente general responsable de la Jefatura de Servicios Técnicos, dependiente del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, aludió ante los agentes de la UCO a una reunión que se celebró el 12 de julio de 2024.

El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos --antecesor de la actual directora, Mercedes González--, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era "totalmente prospectivo y malintencionado".

CREDIBILIDAD POR LOS SUELOS

Según recoge la UCO, el exdirector de la Guardia Civil apuntó que la "credibilidad estaba por los suelos" y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo "analizado y que no haya nada".

El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era "materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial".

En dicha reunión de julio de 2024 también participaron el jefe de Policía Judicial y el Director Adjunto Operativo (DAO), un cargo que asume desde diciembre de 2023 el teniente general Manuel Llamas.

El atestado de la UCO menciona una segunda reunión, el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a dependencias oficiales de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, cuyo juicio se está celebrando desde la semana pasada.

"Por parte del DAO se indicó a los presentes que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa", indica.

FILTRACIONES Y CAMPAÑA CONTRA LA UCO

Los agentes de la UCO también se interesaron por diferentes informaciones reservadas abiertas a agentes que investigaban causas judiciales ante presuntas filtraciones atribuidas a esta unidad y, en concreto, al departamento que dirige el teniente coronel Antonio Balas. Este fue el motivo por el que el pasado 27 de mayo se tomó declaración a varios mandos de la Guardia Civil, según consta en el oficio.

La Guardia Civil designó a diferentes instructores para las tres informaciones reservadas abiertas en la etapa de Rafael Yuste como coronel jefe de la UCO, lo que se llegó a justificar en que "el DAO estaba recibiendo muchas presiones políticas".

Dichas informaciones reservadas acontecieron en diciembre de 2024 y durante los meses de mayo y septiembre del año 2025. Tuvieron su origen en la posible filtración de conversaciones de WhatsApp producidas entre el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, y que publicaron diferentes medios de comunicación. También se menciona titulares que hacían referencia a la "tensión en la UCO por la constante intromisión del peón de Marlaska".

La UCO desvela que el 5 de septiembre de 2025 recibió un oficio dimanante del general jefe del Estado Mayor solicitando la remisión de un organigrama de la propia UCO, concretamente de quienes tenían "relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno, identificando en la misma nominativamente a sus integrantes que ostenten el empleo de Oficial de la Guardia Civil".

En el marco de esta información reservada se tomó declaración, "en cumplimiento de lo ordenado por la directora general" --siempre según el atestado de la UCO--, al general jefe de Policía Judicial, al jefe de la UCO y al teniente coronel Antonio Balas, así como a un miembro de la oficina de prensa. En octubre se comunicó que se había ordenado el cierre "sin responsabilidad de la información reservada".

NOTA DE DESPACHO

Otra de estas informaciones reservadas guardó relación con una "nota de despacho" que el DIECAN --en referencia al Departamento de Investigación contra la Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, que encabeza Antonio Balas-- informaba de que "Leire Díez tenía control sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa".

En relación con la nota elaborada por el DIECAN, el exjefe de la UCO manifestó que se refería a una "campaña de descrédito promovida por personal de la empresa de hidrocarburos Hafesa y personal vinculado al PSOE", entre los que se señala a Leire Díez, entre otros. La exmilitante socialista era mencionada porque "presumía de tener un control sobre la cúpula directiva de Guardia civil y, de forma concreta, sobre su directora general".

La Jefatura de Información también elaboró una nota fechada el 29 de abril de 2025 sobre el mismo tema remitida al general jefe de Policía Judicial, y que "había sido puesta en conocimiento de la directora general por parte del DAO".

Según recoge el atestado de la UCO, se mencionaba una reunión por videoconferencia entre Leire Díez y Alejandro Hamlym, responsable de la empresa Hafesa e investigado por fraude de hidrocarburos, entre otros, "con la intención de obtener información sobre la UCO y sus investigadores que permitiese desacreditar la investigación judicial".

"La propia nota indica que Leire Díez se encontraría respaldada para dicha actuación por Santos Cerdán, teniendo a su vez conocimiento del objeto y finalidad de la misma la directora general de la Guardia Civil", recoge el informe policial.

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