Publicado 26/02/2020 11:58

La juez acuerda devolver la administración de la finca de 'La Losilla' a su propietario, imputado por el saqueo de PDVSA

La juez acuerda devolver la administración de la finca de 'La Losilla' a su prop
La juez acuerda devolver la administración de la finca de 'La Losilla' a su prop - WIKIPEDIA - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha devuelto la administración de la finca de 'La Losilla' de Villarejo de Salvanés (Madrid) al hijo de un exdirectivo de PDVSA --que permanece detenido en EEUU--, investigado en el marco del supuesto saqueo de la petrolera venezonala por altos cargos 'chavistas', funcionarios y empresarios.

El objetivo de que la explotación de la finca continúe en manos de la familia Rincón Bravo es que no se eche a perder por falta de mantenimiento. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha decidido en este caso que la administración judicial recaiga en José Roberto Rincón Bravo, hijo del exdirectivo, después de que fuera bloqueada por el juez en 2018 tras su detención. Aunque le advierte de que cualquier gasto extraordinario que vaya más allá de los costes habituales de la finca deberá ser notificado a la juez.

Ésta es una de las primeras decisiones de Tardón desde que asumiera a finales del año pasado esta causa, que comenzó investigando el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Según las pesquisas, los bienes que la familia de Rincón Bravo posee en España procederían de las irregularidades cometidas en la petrolera estatal venezolana, por lo que sus cuentas fueron bloqueadas por orden judicial.

La juez también ha citado en calidad de testigo a Ceciree Carolina Casanova, exgerente de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas (ECD), y propietaria de empresas que comparten domicilio social con sociedades del exviceministro imputado Javier Alvarado Ochoa.

Para este miércoles también estaba prevista la comparecencia del presidente de la cadena venezolana de televisión Globovisión Raúl Gorrín, si bien este martes el directivo anunció que no acudiría a declarar dado que pesa sobre él una orden de búsqueda de EEUU, país al que no quiere ser entregado. Gorrín propuso poder declarar por videoconferencia.