Publicado 12/06/2020 12:50CET

La juez del caso de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) desestima las peticiones de nuevas diligencias

Sevilla.- Tribunales.- La juez del caso de la mina de Aznalcóllar desestima las
Sevilla.- Tribunales.- La juez del caso de la mina de Aznalcóllar desestima las - JUNTA - Archivo

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España, ha desestimado las peticiones de Emérita, Andalucía Mining y Ecologistas en Acción de practicar nuevas diligencias, considerando que no son "necesarias" nuevas actuaciones.

En un auto fechado el pasado 9 de junio y recogido por Europa Press, la juez instructora Patricia Fernández Franco se hace eco de los escritos formulados por las diferentes partes del proceso judicial, después de que en una providencia de fecha 13 de marzo, ella misma expusiese que "teniendo en cuenta que no existen actualmente diligencias de investigación pendientes de practicar", era necesario "conferir traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por un plazo de diez días para alegaciones sobre el curso del procedimiento".

Tras ello, tanto Emérita Resources España como Andalucía Mining y Ecologistas en Acción solicitaron nuevas diligencias de diversa índole, mientras las representaciones de Minorbis, las múltiples personas investigadas y la Fiscalía han solicitado el libre sobreseimiento de las actuaciones, por tercera vez.

Y es que tras la denuncia inicial de Emérita Resources España, que competía con el grupo México-Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo, la juez instructora ha archivado dos veces las diligencias.

Empero, tras ser impugnadas ambas decisiones de archivo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.

CONTRA "LA PRÁCTICA INDISCRIMINADA DE CUALQUIER DILIGENCIA"

De cualquier modo, ante las nuevas diligencias reclamadas por Emérita Resources España, Andalucía Mining y Ecologistas en Acción, la juez instructora advierte en su nuevo auto de que "con carácter general, no resulta procedente la práctica indiscriminada de cualquier diligencia que, someramente, pueda de algún modo relacionarse con los hechos investigados, sin que se explicite de forma suficiente su trascendencia concreta respecto de los mismos".

En ese sentido, mientras Emérita pedía investigar si los investigados relacionados con la Administración andaluza "hubieran recibido premios, regalos o prebendas fuera de la administración o beneficios indirectos a través de familiares o entidades interpuestas" tras haber jugado algún papel en el concurso indagado, o los ecologistas esgrimían un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otro del Instituto Geológico Minero de España (IGME), incluidos en el expediente de solicitud de vertido del actual proyecto de reapertura de la mina, porque "ambos informan desfavorablemente ese vertido, por sus consecuencias tóxicas", la juez contesta a cada una de estas peticiones desestimando cada una de ellas.

Y es que "el objeto de la presente instrucción debe ceñirse a los hechos objeto de denuncia en el escrito de denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociaciones ilegales" con relación al concurso público promovido por la Junta de Andalucía para la adjudicación de las actividades extractivas de la reserva minera de Aznalcóllar.

"No es admisible que, con ocasión de cada nueva alegación, se pretenda extender el análisis de esta investigación a hechos posteriores al concurso sin perjuicio de que sean objeto de la correspondiente reclamación en vía administrativa o denuncia, en su caso, debiendo además tenerse en cuenta las directrices de la resolución de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla delimitando los extremos que debían ser investigados", expone la juez instructora.

En ese mismo sentido, la representación de Minorbis venía alertando de un "nuevo y enésimo intento de alargar innecesariamente" la instrucción de la causa, que arrastra ya varios años.

EL INFORME DE LA UCO

No obstante, invoca el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil según el cual no se puede determinar "la existencia de ninguna compensación de tipo laboral o retributiva" para los funcionarios o técnicos que formaron parte de la mesa de contratación constituida por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina allá por 2015.

En paralelo, avisa de que en las bases del concurso investigado "nada constaba sobre el denominado 'vertido cero', pero sí se establecía la necesidad de contar con la preceptiva autorización de vertidos a cauce público", un "trámite posterior al del concurso, de competencia además de una administración distinta" a la Junta de Andalucía, encargada de adjudicar los derechos de explotación de la mina.

Además, desestima la idea de Ecologistas en Acción respecto a abordar un posible nuevo delito de prevaricación en torno al procedimiento de entrega de la correspondiente concesión minera a la sociedad de propósito específico Minera Los Frailes, constituida por el Grupo México y Minorbis para las operaciones en la corta minera.

Tal extremo, según la juez instructora, "debería ser objeto de investigación, si hubiera lugar a ello, en un nuevo procedimiento de forma que la valoración de si existe o no título de dicha concesión minera debe quedar al margen de esta causa", en la que figuran como investigados José García Bartolomé como gerente de la sociedad de capital de riesgo Invercaria; el exsecretario general de Innovación de la Junta y expresidente de la SEPI Vicente Cecilio Fernández; la exdirectora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; o los hermanos I.L.M. y M.L.M., ambos representantes de Magtel, que participa del grupo México Minorbis; entre otros.

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