SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha emitido un auto mediante el que ordena la apertura de juicio oral contra las 16 personas finalmente procesadas en la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar), a la agrupación empresarial México-Minorbis, declarando a la Audiencia provincial como el órgano competente para la celebración de la correspondiente vista oral.
Así figura en un auto emitido el pasado 29 de octubre por la juez de Instrucción Patricia Fernández Franco y recogido por Europa Press, figurando entre los afectados por este auto los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.
El auto de apertura de juicio oral también afecta a Juan Manuel Revilla Delgado, secretario de la citada mesa de contratación como Jefe del Departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas; y los que fueran miembros de la comisión técnica, siendo en total 16 las personas que afrontan el juicio.
En su auto de apertura de juicio oral, la juez instructora señala presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, acordando para "salvaguardar todas las garantías procesales" la condición de responsables civiles respecto a la Junta de Andalucía y los representantes legales de Minorbis, Grupo México y Minera Los Frailes, la sociedad de propósito específico creada por las dos anteriores para la explotación del complejo minero.
La juez instructora ha acordado así la apertura de juicio oral por el caso, después de haber resuelto dos veces el sobreseimiento de la investigación, si bien tras los recursos de apelación contra tales decisiones de archivo, en ambos casos fue ordenada la reapertura de las actuaciones a instancias de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.