SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García; y el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, han defendido este miércoles en el Parlamento la reciente autorización del nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla); a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis; de cara a la reapertura de esta corta cerrada desde 2002 tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Los citados consejeros han defendido dicha autorización en el pleno que celebra este martes el Parlamento, primero a preguntas de la diputada autonómica de Adelante por Sevilla Begoña Iza y después a instancias de la parlamentaria del PP por dicha provincia Virginia Pérez.
La consejera de Sostenibilidad ha asegurado que su departamento va a hacer cumplir la autorización ambiental unificada (AAU) otorgada al proyecto; asegurando que todas las autorizaciones han seguido "un proceso totalmente reglado", con lo que la medida cuenta con "seguridad jurídica y protección ambiental". "Es un proyecto seguro", ha dicho, mientras la diputada de Adelante ha avisado de que la reapertura supone "poner en peligro el agua del Guadalquivir con un vertido constante y tóxico" a su cauce, con lo que a su juicio "puede haber otro desastre" como el de 1998.
El consejero Paradela, por su parte, ha desgranado que el proyecto de reapertura de la mina, promovido por la alianza empresarial entre la multinacional Grupo México y la andaluza Minorbis, filial de Magtel; cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar en torno al millar de empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y unos 2.000 durante la fase de operación. Prevé además una vida estimada de al menos 20 años, incluyendo las labores preparatorias del proyecto minero.
HASTA 45 MILLONES DE TONELADAS DE MATERIALES
Y es que la futura explotación minera cuenta con reservas de unos 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre), con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año.
Paradela ha defendido que el proyecto, a desarrollar por la empresa Minera Los Frailes como sociedad de propósito específico creada por Grupo México y Minorbis para la gestión de la corta; es un proyecto "totalmente nuevo que contempla una mina subterránea y no a cielo abierto" y que no dispondrá de balsas de residuos, sino que una parte de los residuos procedentes del tratamiento del mineral se aprovecharán como relleno en el interior de la mina y otra se depositará en una de las antiguas cortas mineras.
Y es que la actuación, una reivindicación histórica de la localidad de Aznalcóllar y su comarca, cuenta con la oposición frontal de los grupos ecologistas, que invocan insistentemente la devastadora catástrofe ambiental de 1998 por la fractura de la balsa de metales pesados del recinto minero, explotado entonces por Boliden-Apirsa; con la consecuente contaminación del río Guadiamar y su cuenca.
LA CUESTIÓN DEL AGUA
El consejero ha asegurado además que el proyecto incluye una solución para depurar "el agua almacenada" en las cortas de la antigua explotación minera y que se realizará aplicando las mejores tecnologías disponibles; lo que le ha llevado a defender que el proyecto suma más de "60 millones" de euros entre tareas de rehabilitación y garantías financieras, "el máximo que contempla la ley".
Los ecologistas, de su lado, señalan que la actuación planteada supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, extremo que niegan a su vez la Administración andaluza y las empresas promotoras del proyecto.
Entretanto, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla sigue celebrando el macro juicio derivado de la denuncia penal de la alianza Emerita-Forbes Manhattan por la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de los derechos de explotación de esta mina a la propuesta de Grupo México y Minorbis.
EL JUICIO POR LA ADJUDICACIÓN
Tras pujar ambas entidades en el concurso abierto por la Junta la década pasada para los nuevos derechos de explotación de la corta minera de Aznalcóllar y resultar adjudicataria la propuesta de Grupo México y Minorbis; Emerita impugnó dicha resolución tanto por lo Contencioso Administrativo como por la vía Penal.
Merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito alguno.
Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, con un total de 16 acusados y cuya finalización está fijada en julio.