Explica que los correos versaban sobre "muchísimos temas" más allá de la mina de Aznalcóllar y que también hubo de Emerita
SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha manifestado este martes en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla sobre presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar; que la investigación detectó "muchos correos" electrónicos entre los responsables de Magtel (adjudicataria a través de su filial Minorbis) y el acusado Vicente Cecilio Fernández Guerrero, entonces secretario general de la Consejería de Innovación; pero no indicios de "influencias" o de "compensación" económica a los miembros de la Administración andaluza como promotora de la licitación.
Este responsable de la UCO de la Guardia Civil ha ratificado en el juicio el contenido del informe realizado por dicho departamento sobre el caso durante la instrucción de la causa.
Recordemos al respecto que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación, derivada de la denuncia penal de la empresa Emerita, que tras concurrir sin éxito al concurso convocado por la Junta para adjudicar la explotación de dicha mina, alertó de posibles presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude alegando que su oferta era económicamente superior a la de Minorbis, respaldada por Grupo México y ganadora del procedimiento.
Pero pese a no apreciar delito ni la Fiscalía ni la jueza instructora, ante los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias.
LOS CORREOS INVESTIGADOS
Este agente ha explicado, a preguntas de las acusaciones y la fiscal del caso, --que ha pedido la absolución de los 16 acusados--; que ciertamente a la hora de investigar las comunicaciones entre el grupo Magtel como entidad que pujaba por los derechos de explotación de la mina y los responsables de la Junta de Andalucía, "faltaban correos", si bien ha precisado que dicho extremo podría derivar de "muchos motivos" más allá de un borrado intencionado de los mismos para ocultar supuestamente información.
Por eso, este agente ha negado que sea declarada una situación de "obstrucción" como tal a la investigación policial del asunto.
El investigador ha señalado que las pesquisas detectaron "muchos correos" entre miembros de Magtel y el acusado Vicente Cecilio Fernández Guerrero, entonces secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo y otrora presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); pero ha declinado valorar si se trata de algo "normal" en este tipo de relaciones entre empresas y administración pública.
MUCHOS ASUNTOS TRATADOS
Y es que según ha detallado, tales correos aludían no sólo al concurso promovido por la Junta para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
En tales correos, según ha indicado, ambas partes "hablaban de muchísimos temas" relacionados con las actividades económicas de Andalucía; señalando la acusación particular de Emerita que algunos de los mismos aludían a propuestas de reuniones o incluso un "almuerzo" entre ambas partes cuando el concurso afrontaba ya su "segunda fase"; y respondiendo este investigador que los contenidos de estas comunicaciones figuran en el atestado.
Pero a preguntas de la fiscal del caso, este mando de la UCO ha expuesto que el contenido final de tales correos electrónicos entre el entonces secretario general de la Consejería de Innovación y los responsables de Magtel, --figurando en la causa como acusados los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, directivos de la entidad--; no tenía "mayor relevancia" a efectos de la investigación de posibles ilícitos; además de que también fueron detectados intercambios de correos entre responsables de Emerita y de la Junta de Andalucía.
SIN INDICIOS DE "INFLUENCIA"
De este modo, y a preguntas de la fiscal, ha manifestado que la investigación no detectó indicios de "influencia" por parte de miembros de Magtel a los cargos y funcionarios de la Junta investigados por su papel en el concurso públicos y la mesa de contratación; como tampoco fue hallado ningún vestigio de "compensación" económica para estos últimos, siendo indagados tanto sus patrimonios directos como los de sus familiares.
Los únicos ascensos en la jerarquía de la Junta constatados tras el mencionado concurso, según ha indicado, fueron los de Vicente Cecilio Fernández Guerrero y la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, políticos en ambos casos.