SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga de nuevo la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México Minorbis, --pues frente al segundo sobreseimiento de la causa la Audiencia ordenó de nuevo el pasado mes de septiembre la reapertura de las actuaciones--, ha denegado una petición promovida por Ecologistas en Acción en demanda de la suspensión provisional de los procedimientos ambientales tramitados por la Junta de Andalucía con relación a la reanudación de la actividad extractiva en la corta minera.
A través de un auto emitido este pasado 9 de noviembre y recogido por Europa Press, la juez Patricia Fernández Franco da cuenta de la mencionada petición de Ecologistas en Acción, que tras ordenar la Audiencia una nueva reapertura de las diligencias de investigación del proceso seguido por la Junta de Andalucía para adjudicar a México Minorbis los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, había pedido suspender provisionalmente dos procedimientos administrativos actualmente tramitados por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con relación al proyecto de nueva explotación de la corta minera.
A dicha petición se había adherido la sociedad Emerita Resources España, de cuya denuncia inicial parten estas diligencias de investigación dos veces archivadas por la juez instructora, y dos veces reabiertas por orden de la Audiencia Provincial. La empresa denunciante, recórdémoslo, competía con México Minorbis por los derechos de explotación del complejo minero y, esgrimiendo que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, entre otros aspectos, considera que la adjudicación de la concesión a la citada empresa implica presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude.
Esa más, a la hora de adherirse a esta solicitud, Emerita Resources España reclamaba "el precinto de la entrada al complejo minero, para que cese en el mismo cualquier actuación salvo labores esenciales de mantenimiento".
"NO SE CONCRETAN LOS PERJUICIOS"
En cualquier caso, frente a dicha solicitud de suspensión cautelar de los citados procedimientos administrativos ambientales, la juez instructora avisa de que "no se concretan cuáles fueran los perjuicios concretos cuya prevención legitimaría la adopción de la medida interesada, teniendo en cuenta que cualquier medida cautelar de tal naturaleza debe ir encaminada a evitar la comisión del ilícito penal objeto de investigación, sin que en las presentes (actuaciones) se instruya ningún delito contra el medio ambiente, aspecto éste del cual ya se acordó deducir testimonio a los Juzgados de Sanlúcar la Mayor por posible riesgo de contaminación".
La juez recuerda además que ya en diciembre de 2016 rechazó una petición de Emerita Resources España para que se ordenase como medida cautelar "la paralización inmediata de cualquier trabajo en la mina y de las resoluciones y procedimientos administrativos" asociados a la misma.
En ese sentido, la juez avisa de que en la causa se investigan "presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias por los miembros de la mesa de contratación y la comisión técnica del concurso de adjudicación, así como por los administradores de México Minorbis" y "necesariamente, la medida de suspensión solicitada tiene que estar fundamentada en evitar que el investigado pueda reiterar su conducta delictiva" y "prevenir la continuidad en la actividad delictiva".
"PROCEDE DENEGAR" LA PETICIÓN
Bajo tal premisa, "procede denegar" la petición de suspensión provisional de los procedimientos administrativos ambientales actualmente tramitados por la Junta de Andalucía con relación al yacimiento minero, "ante la falta de los presupuestos que deben presidir la adopción de toda medida cautelar, sin que se haya acreditado (...) ninguna situación subjetiva inminente que justifique la adopción" de la medida reclamada.
En estas diligencias, por cierto, para este jueves a las 9,30 horas están citados como investigados tres miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación y funcionarios de la Junta de Andalucía, después de que tras la reapertura de las diligencias el pasado lunes ya declarase como testigo la ex subdirectora general de Minas de la Administración andaluza, actual presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, la cual aseguró que no hubo trato de favor hacia empresa adjudicataria.
Ya para el 12 de diciembre, y tras un aplazamiento de su comparecencia, está citada la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto, así como el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Empresariales (SEPI) Vicente Fernández, quien dimitió de su cargo al conocer que habría de declarar en esta causa como investigado.