MELILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Melilla ha acusado a la Autoridad Portuaria de Melilla (APM), presidida por Manuel Ángel Quevedo (PP), de "entregar a una sola empresa mexicana el negocio de los cruceros en la ciudad", y ha exigido "transparencia y un debate público" sobre el futuro del Puerto, "patrimonio de todos los melillenses".
La secretaria de Medio Ambiente y Agenda 2030 del PSOE, Lucía Rubio, ha criticado que el proceso se ha desarrollado "sin ofrecer una visión global ni transparente del proyecto". Según ha explicado, "las decisiones se presentaron en los Consejos de Administración de forma fragmentada, como cuentas sueltas de un collar, sin mostrar el diseño completo que ahora se revela: un modelo hecho a medida de un único operador extranjero, que controlará la gestión del Puerto, las actividades turísticas y los espacios comerciales, dejando a las empresas melillenses como simples espectadoras".
Rubio ha subrayado que el problema "no es solo la concesión en sí, sino la falta de claridad con la que se ha actuado y la ausencia de un debate público" sobre un espacio que considera de todos los ciudadanos.
"El PP ha preferido avanzar a golpe de decisiones parciales, generando confusión y desinformación, en lugar de explicar con transparencia qué se estaba construyendo realmente", ha lamentado.
Como ejemplo, la dirigente socialista ha citado los locales del Puerto, "cedidos a una empresa extranjera que decidirá qué hacer con esos espacios, quién podrá quedarse o instalarse y en qué condiciones". Además, ha advertido que "a día de hoy no hay una sola garantía de que se vaya a contar con los empresarios locales, que llevan años luchando por mantener sus negocios".
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
Por su parte, el presidente de la APM, Manuel Ángel Quevedo, ha defendido el acuerdo alcanzado con el grupo mexicano ITM, que contempla la construcción de una terminal privada de cruceros y la rehabilitación de locales comerciales mediante una concesión de 25 años. Según ha explicado, el proyecto "permitirá incrementar significativamente el turismo y crear empleo estable a partir de 2027".
Quevedo ha acusado a la representante socialista de actuar "por intereses personales y familiares" y de "desconocer la industria del turismo de cruceros". En este sentido, ha señalado que "un familiar muy directo" de Rubio perdió la concesión de dos locales del Puerto Deportivo a finales de 2024, aunque "se le concedió una prórroga especial de nueve meses para que no perdiera cursos".
El dirigente portuario ha insistido en que la Autoridad Portuaria "trabaja para generar un nuevo nicho de negocio y empleo estable" en Melilla, aprovechando los atractivos turísticos de la ciudad.
"La apuesta de una empresa internacional por el destino Melilla, una de las pocas del mundo y ninguna española, supone un salto cualitativo y cuantitativo que ayudará a desarrollar nuestro potencial turístico y producirá sinergias que atraerán a otros tipos de visitantes", ha afirmado.
Asimismo, Quevedo ha destacado que el proyecto "hará que Melilla sea más conocida a nivel internacional, con la importancia que ello implica en el contexto geopolítico del norte de África".
El presidente de la APM ha lamentado que el PSOE "rompa la unanimidad" que, según aseguró, se mantenía entre los partidos y agentes sociales sobre el desarrollo del Puerto. "Parece que al PSOE no le gusta que se cree empleo estable y de iniciativa privada, como en toda Europa, y prefiere mantener un sistema basado en los planes de empleo que controlan", ha apuntado.
Quevedo también ha criticado el cierre de la frontera comercial en 2018, "recién llegada la delegada del Gobierno Sabrina Moh", y los posteriores problemas con el tráfico de mercancías. "Hoy se evidencia que todo aquello no era más que una estrategia para tapar la incapacidad del Gobierno de Sánchez de hacer que Marruecos cumpla los acuerdos", ha sostenido.
Por último, el presidente de la APM ha afirmado que los locales concesionados a ITM "se encontraban vacíos o sin uso desde hace años" y que su cesión "incrementa los ingresos públicos y favorece el interés general", y recalcó además que "no existe ningún problema en mantener las autorizaciones" a los negocios de hostelería o actividades náuticas compatibles con el nuevo uso del puerto.