Publicado 08/09/2021 13:03CET

El Salvador.- JJpD muestra su "preocupación" ante el "atentado a la inamovilidad judicial" en El Salvador

Expresa su apoyo a los jueces del país centroamericano tras la reforma de la Ley de Carrera Judicial

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha mostrado este miércoles su "preocupación" ante la situación judicial en El Salvador después de que la Asamblea Legislativa del país centroamericano aprobara una reforma de la Ley de Carrera Judicial que "supone la expulsión inmediata" de "un tercio de los jueces".

En un comunicado, recogido por Europa Press, la asociación judicial ha asegurado que la reforma "constituye un atentado a la inamovilidad judicial", lo que considera un "elemento indispensable para una justicia independiente".

Así, JJpD ha expresado su "apoyo a las juezas y jueces de la República de El Salvador" y ha recordado que su independencia "constituye la garantía fundamental del ejercicio su función jurisdiccional de forma objetiva e imparcial", así como de la "salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas frente a cualquier ataque, proceda de donde proceda".

La asociación ha subrayado el hecho de que la reforma se haya adoptado "con dispensa de trámite y sin debate parlamentario", prescindiendo de las "vías legalmente establecidas para la remoción de miembros de la Carrera Judicial".

FEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE JUECES

En este sentido, ha recordado que la reciente decisión adoptada en El Salvador se suma a otras anteriores y ha señalado, particularmente, la del pasado 1 de mayo, que supuso la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Plena. A su juicio, estas actuaciones contribuyen a "diluir la división de poderes fortaleciendo la concentración de poder en manos de la Presidencia de la República".

JJpD ha apoyado el comunicado de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia del pasado 1 de septiembre de 2021 y ha llamado la atención a los operadores jurídicos españoles y europeos y a la comunidad internacional sobre lo que considera "un ataque a la democracia salvadoreña, contrario a la Constitución de la República y a las convenciones internacionales en materia de justicia y Derechos Humanos".

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