Viven durante 3 meses en un ambiente seguro, lejos de las amenazas a las que se enfrentan. Reciben atención psicosocial si es necesaria
MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
Tres activistas colombianos con riesgo para su vida son acogidos en Madrid de la mano de la reedición del programa de acogida temporal de personas defensoras de los derechos humanos, coordinado por la ONG Mundubat y financiado por el Ayuntamiento de la capital.
Las personas acogidas son activistas que están en peligro en sus países, Colombia en este caso, y que durante sus meses de estancia en Madrid pueden descansar, recuperarse, formase y llevar a cabo labores de sensibilización e incidencia política, ha informado Mundubat.
Son Carlos Páez, campesino y defensor del derecho a la tierra de su comunidad; Genaro Graciano, campesino y activista medioambiental que lucha contra el proyecto de una megapresa, y Nubia Rossi, defensora de los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Este proyecto permite que Madrid acoja a personas que trabajan en distintos ámbitos de defensa de los derechos humanos, como la reivindicación de la libertad y la diversidad sexual, el derecho del campesinado a cultivar su tierra, la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, la recuperación de la memoria histórica o la denuncia de las atrocidades que sufren sus comunidades.
TRES MESES LEJOS DE AMENAZAS
Las personas acogidas por el programa viven durante tres meses en un ambiente seguro, lejos de las amenazas a las que se enfrentan en su día a día. Reciben atención psicosocial si es necesario. Durante su estancia en Madrid desarrollarán actividades de sensibilización y presentarán a las autoridades las causas que defienden para fortalecer las redes internacionales de apoyo.
Los tres activistas, que aterrizaron en Madrid en septiembre y estarán acogidos en la ciudad hasta noviembre, han coincidido tanto en la importancia de programas de respiro como éste como en la presión que debe hacerse para que el gobierno de Colombia "cumpla con sus obligaciones derivadas de los compromisos del Proceso de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), especialmente las leyes de justicia transicional y restitución de la tierra".
Esas leyes, han expuesto, deberían asegurar la compensación de las víctimas del conflicto armados y los desplazados por proyectos extractivos que dañan el medio ambiente.
"¿QUIÉN QUIERE CONTRATAR A UN ESCOLTADO?"
Carlos Páez, del movimiento Tierra y Paz, ha relatado en rueda de prensa cómo los campesinos que fueron expulsados de sus tierras en el departamento de Urabá en los años 90 se han encontrado al regresar que están en manos de otros propietarios, que se niegan a reconocer sus derechos.
Han sido 22 los campesinos del lugar asesinados, siete han tenido que exiliarse y muchos, como él, están amenazados. "Les pedimos que nos ayuden desde acá a parar tantos atropellos de los derechos humanos en Colombia. El gobierno no quiere cumplir con muchos de los acuerdos", ha rogado.
Genaro Graciano, del movimiento Ríos Vivos, combate desde el activismo las concesiones mineras y el uso del río como mercancía para la construcción de complejos hidroeléctrico. "Somos víctimas pero ya no de un conflicto armado, como antes, sino de los proyectos extractivos", ha aseverado.
Nubia Russi, de CORFUPAZ, está centrada en conservar la memoria de las atrocidades que se cometieron durante el conflicto armado e intentar llevar a juicio la mayor cantidad posible de ellas. "Como defensora de derechos humanos, lo más difícil es hacer esto y ser madre. Los hijos pagan un precio muy alto. Y además ¿quién quiere dar empleo y contratar a un escoltado?".
DOS EDICIONES, SEIS ACTIVISTAS ACOGIDOS
El programa de acogida temporal de personas defensoras de los derechos humanos ha recibido en sus dos primeras ediciones a seis personas que en Colombia trabajan en distintos ámbitos de defensa de los derechos humanos, como el derecho del campesinado a cultivar su tierra, la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, la recuperación de la memoria histórica o la denuncia de las atrocidades que sufren sus comunidades.
Estas personas viven durante tres meses en un ambiente seguro, lejos de las amenazas a las que se enfrentan en su día a día. Reciben atención psicosocial si es necesaria. Durante su estancia en Madrid trasladan a las autoridades políticas las causas que defienden para fortalecer las redes internacionales de apoyo.
COLOMBIA
Objetivo de las organizaciones violentas y de grupos de interés, los activistas se enfrentan a amenazas, persecuciones e incluso asesinatos. Mundubat estima que en 2017 hasta 312 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas en todo el mundo y que un 80 por ciento de estos crímenes se concentraron en cuatro países (Brasil, Colombia, México y Filipinas).
La segunda edición del programa vuelve a centrarse en Colombia, país que vive una difícil transición hacia la paz tras el acuerdo entre las FARC y el gobierno, que puso fin en 2016 a medio siglo de conflicto. Pero, a pesar del cese de las hostilidades, "los conflictos sociales se siguen cobrando en Colombia centenares de vidas de civiles cada año, incluyendo las de defensores y defensoras de los derechos humanos", remarcan.
Y las cifras lo demuestran: en 18 meses, desde noviembre de 2016 a mayo de 2018, un total de 282 líderes sociales y activistas de derechos humanos han sido asesinados.
Además el Pleno de Cibeles aprobó en 2016 y 2018 sendas manifestaciones de apoyo a la implementación de los acuerdos de paz y la defensa de los derechos humanos en Colombia señalando su preocupación por las situaciones de riesgo a las que allí se ven expuestas las personas defensoras de los derechos humanos.