Publicado 13/11/2023 17:38

El TS pide un "absoluto respeto a la división de poderes" frente a la "supervisión" de la labor judicial por 'lawfare'

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, a 31 de mayo de 2023, en Madrid (España). La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) declara hoy en el Tribunal Supremo en el caso iniciado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), que inte
Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, a 31 de mayo de 2023, en Madrid (España). La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) declara hoy en el Tribunal Supremo en el caso iniciado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), que inte - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS), reunida en sesión ordinaria, ha emitido un comunicado por unanimidad donde recuerda que el Estado de Derecho "exige el absoluto respeto a la división de poderes" frente a "la supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado", tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts que alude a los supuestos casos de 'lawfare'.

"El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes", afirma el alto tribunal.

Reivindica también que "el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley".

Por eso, "enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones", indicando expresamente que "ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".

El Supremo reacciona así a dicho acuerdo, que contempla la creación de comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de 'lawfare' (guerra judicial) y, de ser así, que se deriven las "consecuencias" oportunas, lo que podría acabar en querellas pro prevaricación contra jueces y magistrados, además de responsabilidades civiles y disciplinarias.