El magistrado Serrano-Arnal acumula las denuncias del PP y el Partido Laócrata por una presunta prevaricación
MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez del del caso Rato, Antonio Serrano Arnal, será el que finalmente decida si admite o no a trámite las actuaciones instadas tanto por el PP como por el Partido Laócrata de España por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia relacionados con el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Barajas el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El asunto había llegado por separado a dos juzgados ordinarios de Madrid: al de Instrucción número 31 una querella presentada por el partido minoritario contra "los funcionarios y autoridades que ordenaron la inaplicación de la Ley de Extranjería" durante el encuentro del ministro y la mandataria venezolana; mientras que días después fue turnado al de instrucción número 47 la denuncia del PP por los mismos hechos.
Dicha denuncia le llegó al titular de éste órgano, Adolfo Carretero, procedente del juzgado de guardia donde la formación liderada por Pablo Casado solicitó, y obtuvo, una medida cautelar consistente en ordenar a AENA que evite la destrucción de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeródromo la noche de los hechos. Finalmente, como la querella de los laócratas llegó primero, el Juzgado de Instrucción número 47 se ha inhibido en favor del 31, han informado fuentes jurídicas.
El juez Serrano-Arnal es el que ha instruido las diferentes piezas que constituyen el denominado 'caso Rato' por el origen presuntamente irregular del patrimonio del que fuera vicepresidente del Gobierno de José María Aznar. El magistrado archivó muchas de estas piezas y luego tuvo que reabrirlas por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.
El asunto del denominado 'Delcygate' por la reunión de Ábalos con Rodríguez, que tiene prohibido viajar por el espacio Schengen, tiene ya varios frentes judiciales iniciales, a raíz de denuncias presentadas por el PP, Vox y Cs, además del denominado Partido Laócrata.
Todos ellos han presentado iniciativas en diferentes instancias --el Tribunal Supremo, Fiscalía y los juzgaros ordinarios de Madrid-- aunque todos en estado muy inicial y sin que se haya abierto ninguna investigación formal por el momento.