LIMA, 27 Jul. (Notimérica/EP) -
En junio de 2009, durante el segundo mandato de Alan García, las movilizaciones indígenas pidieron durante 58 días de protesta la derogación de dos decretos legislativos que ponía en peligro la propiedad sobre sus tierras. Unas protestas que acabaron dramáticamente con un brutal enfrentamiento en Bagua, en el estado peruano de Amazonas, entre policías e indígenas en la denominada 'Curva del Diablo' que dejó 33 víctimas mortales.
El suceso conocido popularmente como el 'baguazo' dejó además de un sangriento conflicto civil un proceso judicial de dudosa imparcialidad con 53 procesados acusados de la muerte de 23 policías, siendo todos los procesados jefes y miembros de comunidades nativas, autoridades y exautoridades locales.
Sobre los procesados, en su totalidad civiles e indígenas, cayó la imputación de siete delitos, un hecho que Nórbel Mondragón, abogado del líderes nativo Santiago Manuin Valera entiende como "injusto" ya que los jueces "limpiaron a las ex autoridades del Gobierno anterior por la matanza de Bagua, cuando en realidad ellos fueron los que autorizaron el desalojo de la carretera que tomaron los nativos".
Cinco años después, las comunidades indígenas de la región siguen esperando que se haga justicia, ya que solo nativos han sido procesados pese a al trabajo de la comisión investigadora del Congreso que señaló responsabilidades políticas en la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, el ex primer ministro Yehude Simon y la entonces ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz.
Así, el inicio del proceso judicial sobre el 'baguazo' se tiñó de polémica con la falta de intérpretes awajun ni wampis para la primera audiencia, en lo que asociaciones indígenas consideran una afrenta a las comunidades nativas. "Tenemos un Poder Judicial que no quiere ser intercultural".
Un juicio histórico para el diario 'La República', un juicio que hace "el Perú oficial, el Perú de Lima, al Perú profundo, al de las diversas nacionalidades y culturas"
El violento suceso tuvo lugar en tiempo de la presidencia de Alan García, quien benefició el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y coincidió con el deseo de una compañía transnacional de establecerse en una zona protegida legalmente. Durante el gobierno de García, las leyes cambiaron en favor de esta empresa, pasando por encima de los convenios y leyes que protegían a las comunidades nativas que vivían en la región.
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