MADRID, 28 Sep. (Notimérica) -
Catorce países de Iberoamérica y el Caribe han firmado el "Acuerdo de Escazú", que entre otras cosas plantea "garantizar un entorno seguro para las personas, grupos u organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos relacionados con temas medioambientales".
Los países firmantes son Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.
La propuesta llega en un momento clave para el continente. Después de que este mes se suspendiese el juicio contra los presuntos asesinos de la activista y defensora del medioambiente Berta Cáceres, la ONG 'Global Witness' ha asegurado que de los 200 activistas asesinados en el mundo el año pasado el 60% murieron en Iberoamérica.
"Este acuerdo es novedosísimo, es el único que incorpora la defensa de los que están luchando por los derechos humanos en asuntos ambientales", ha asegurado la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, Alicia Bárcena.
La funcionaria ha recalcado que con este acuerdo "histórico" el continente se pone "a la vanguardia" en materia de defensa de los activistas.
Sin embargo, desde la ONG 'Global Witness' critican lo poco específico que es el texto. "El contenido no tiene mucho peso en términos prácticos. Por ahora hay mucha retórica, pero poco sobre qué significa. No tiene mucha información sobre los pasos concretos que tienen que aplicar los Gobiernos", ha señalado el jefe de campañas de defensa de la tierra y el medioambiente de esta ONG, Billy Kyte.
"Nos parece importante que esta herramienta exista reconocida internacionalmente. Sin embargo, no garantiza que la situación cambie de la noche a la mañana. Si no hay presión a las autoridades, las cosas no cambiarán a pesar de la firma de este acuerdo", ha afirmado la secretaria técnica del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, organización que lleva el nombre del ecologista indígena mexicano asesinado en 2014.
Bárcena ha asegurado en respuesta a estas acusaciones que la clave de este acuerdo es que será vinculante. "Una vez que los países se han sumado a ello y lo ratifiquen, hay previsiones para que haya sanciones y autoridades internacionales que puedan actuar contra los Estados que no cumplan", ha manifestado.