Abren una causa contra el titular de Salud salvadoreño por comprar insumos para la pandemia a una empresa de su familia
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha abierto un proceso sancionador contra el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, por comprar suministros para luchar contra la pandemia de la COVID-19 a una empresa en cuya directiva figuran miembros de su familia.
En la resolución, a la que ha tenido acceso el diario 'El Salvador', el TEG indica que se ha abierto el proceso "por la probable transgresión del deber ético regulado (...) en la Ley de Ética Gubernamental", que establece que las personas sujetas a la misma deben "excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio tengan algún conflicto de interés".
El TEG recibió demandas contra Alabí que denunciaban que el titular de la cartera de Salud salvadoreña autorizó y compró botas para el personal médico por 225.000 dólares (más de 193.500 euros) a la empresa Autodo S.A., dedicada a la venta de repuestos para vehículos y en cuya directiva figuran tres primos de Alabí. La presidenta de la empresa, Celina Quiñónez, también está vinculada al funcionario, según el portal de periodismo independiente salvadoreño Gato Encerrado.
El tribunal "estima que existen elementos para considerar una posible transgresión a la ética pública". Por ello, "resulta procedente ordenar a apertura del procedimiento administrativo sancionador". Otorga al ministro un plazo de cinco días hábiles "para que en ejercicio de su defensa formule las alegaciones y presente prueba de descargo respecto de los hechos y la infracción que se le atribuye".
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó a principios de la legislatura actual la conocida Ley Alabí, formalmente llamada Ley para el uso de productos para tratamientos médicos, que blindaba las posibles investigaciones de posibles compras irregulares hechas durante la pandemia de la COVID-19.
Alabí solicitó reformas a la normativa, que levanto la polémica en el país centroamericano, recientemente, por lo que la Asamblea Legislativa aprobó una modificación que excluye actos de "fraude, soborno, corrupción, robo falsificación o piratería".