MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de la ciudad paquistaní de Lahore ha aceptado a trámite este viernes la demanda presentada por el partido del ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif contra el permiso condicional dado por el Gobierno a su viaje al extranjero para recibir tratamiento médico.
El Tribunal Supremo de Lahore ha rechazado los argumentos del Ejecutivo, que pedía que la demanda fuera rechazada, y ha declarado que la petición opositora se sostiene, según ha informado el diario local 'Dawn'.
La portavoz de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), Marriyum Aurangzeb, anunció el miércoles que rechazaban la oferta del Ejecutivo y agregó que la imposición de condiciones revelaba la "postura sesgada" y la "política de venganza" del primer ministro, Imran Jan.
El ministro de Justicia, Farogh Nasim, afirmó el miércoles que Sharif recibiría un permiso "único" para viajar al extranjero durante un periodo de cuatro semanas a condición del pago de garantías.
El Gobierno de Pakistán dio el martes su aprobación "condicional" a la retirada de Sharif de la lista de personas a las que les está prohibido salir del país para que pueda recibir tratamiento médico en el extranjero.
Sharif, de 69 años, padece diabetes crónica, problemas cardiovasculares y una peligrosa bajada de plaquetas en sangre, entre otros problemas de salud.
Adnan Jan, médico personal de Sharif, indicó la semana pasada que "el ex primer ministro se encuentra en estado crítico" y agregó que "la causa no explicada y el diagnóstico incierto complican el escenario clínico general".
La PML-N ha denunciado en numerosas ocasiones que los casos abiertos por corrupción contra sus altos cargos forman parte de una campaña de venganza política por parte del Ejército y el actual partido en el Gobierno, Pakistan Tehrik Insaf (PTI).
Sharif, primer ministro en tres ocasiones, fue apartado del cargo por el Supremo en julio de 2017 por no revelar parte de un salario percibido de una empresa de su hijo y posteriormente fue condenado en otros dos casos separados por no revelar sus fuentes de ingresos. Ambos casos están aún en proceso de apelación.