MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo de Derechos Humanos Rawadari ha publicado este lunes un informe en el que se denuncia la detención arbitraria de casi 2.000 en el Afganistán controlado por los talibán entre el lapso de tiempo de agosto de 2021 --momento en el que se confirmó la toma de Kabul por el grupo fundamentalista-- y noviembre de 2022.
"La violación del derecho a la libertad y la seguridad de las personas es uno de los principales desafíos y preocupaciones en el Afganistán bajo el régimen de facto de los talibán. Estas detenciones han creado un ambiente de terror y miedo entre los ciudadanos afganos", ha destacado el informe.
Al menos 1.976 personas han sido apresadas de manera irregular en hasta 29 provincias de Afganistán, incluidas 136 mujeres y cuatro menores de edad. La mayoría de las víctimas son empleados del gobierno anterior, activistas, periodistas, académicos religiosos, minorías y defensores de Derechos Humanos.
Entre los detenidos, enumera el informe, también hay mujeres que protestan por la recuperación de sus derechos y civiles acusados de estar relacionados con la resistencia del Frente Nacional de Resistencia.
Estos arrestos se dan en un contexto de vacío legal, en el que los ciudadanos desconocen qué leyes anteriores están vigentes, cuáles se están respetando y cuáles han sido derogadas. La opacidad y las restricciones al acceso a la información, lamenta, hace más que probable que el número de detenciones sea aún mayor.
A la espera de que los talibán se pronuncien al respecto de este último informe, en anteriores ocasiones y frente a trabajos similares realizados por organizaciones de Derechos Humanos e incluso Naciones Unidas, han desestimado estas acusaciones.
Desde que los talibán recuperaran el poder de Afganistán con la toma relámpago de Kabul en agosto de 2021, los escasos avances y derechos que las mujeres afganas habían logrado les fueron arrebatados, a pesar de las promesas que hicieron de no volver al tipo de políticas que aplicaron en la década de los 90.
Desde entonces han decretado nuevas leyes para impedir el acceso a la educación de niñas y mujeres, así como otras medidas que las impiden tener libertad de movimientos, o incluso trabajar en agencias humanitarias, de las que dependen la práctica totalidad de la población afgana.