MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el vicepresidente de Afganistán, Amrullá Salé, ha ordenado el arresto de la persona que ha informado sobre la muerte de civiles durante el ataque aéreo del Gobierno el miércoles, en el que al menos una treintena de personas perdieron la vida, doce de ellos niños.
"El vicepresidente Amrullá Salé está tratando de silenciar a quienes informaron de un ataque aéreo potencialmente ilegal que mató a civiles, incluidos muchos niños", ha dicho la directora asociada de HRW para Asia, Patricia Gossman.
El ataque aéreo tuvo lugar el miércoles por la tarde en el distrito de Baharak, provincia de Tajar, en el norte de Afganistán, donde varios milicianos talibán mataron a más de 40 agentes de las fuerzas de seguridad en un ataque a primera hora de la mañana.
El bombardeo fue ejecutado después de que las fuerzas afganas recibieran información que apuntaba a que en el interior de una mezquita estaban escondidos milicianos talibán.
HRW critica que en un primer informe publicado por Salé en su cuenta oficial de Twitter negara las bajas de civiles, asegurando que "la persona responsable de la difusión de estas venenosas y falsas noticias ha sido arrestada de inmediato", sin que haya trascendido todavía la identidad del detenido.
"El Gobierno debería poner en libertad de inmediato a cualquier persona detenida por orden de Salé y llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial del ataque aéreo", ha señalado Gossman.
"Las leyes de la guerra permiten ataques sólo contra objetivos militares, que incluyen combatientes, armas y equipo enemigos. Se prohíbe a las partes beligerantes atacar deliberadamente a civiles, excepto a los que participan directamente en las hostilidades", ha recordado la ONG en un comunicado.
HRW ha citado las cifras de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) que señalan que el 65 por ciento de las víctimas civiles en el país a causa de los ataques aéreos de la fuerza aérea afgana durante la primera mitad de año han sido mujeres y niños.
A su vez ha enfatizado que las autoridades de Kabul "tienen un historial pobre en cuanto a la investigación de tales incidentes".
"El Gobierno afgano está obligado a investigar las posibles violaciones de las leyes de guerra por parte de sus fuerzas", ha dicho Gossman, quien ha recordado que "se deben respetar los derechos de libre expresión de quienes informan sobre estas presuntas violaciones".
Los combates entre los talibán y las fuerzas de seguridad en el distrito de Baharak han dejado hasta ahora decenas de muertos, entre ellos el 'número dos' de la Policía de Tajar, Mohamad Durandish.
Por otra parte, al menos cuatro civiles han muerto y diez han resultado heridos por el impacto de un proyectil de mortero en un mercado en el distrito de Sharin Tagab, en la provincia de Faryab (norte), según han confirmado las autoridades.
Afganistán ha sido escenario de un repunte de la violencia durante las últimas semanas, a pesar de las conversaciones de paz en marcha entre el Gobierno y los talibán en la capital de Qatar, Doha. Los insurgentes se han negado a declarar un alto el fuego.
Desde que firmaron el acuerdo de paz en Doha con Estados Unidos el 29 de febrero, los talibán han mantenido y reforzado su campaña de ataques contra las fuerzas de seguridad afganas --incluida su reciente ofensiva en Helmand-- y se han limitado a dejar de atacar a las fuerzas militares internacionales.