MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los abusos físicos contra personas detenidas siguen siendo frecuentes en Afganistán, hasta el punto de que tres de cada diez sospechosos en manos de militares o policías aseguran que han sufrido situaciones de tortura, según un nuevo informe en el que Naciones Unidas lamenta la falta de avances para erradicar esta lacra en materia de Derechos Humanos.
La misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha entrevistado a 656 personas detenidas en 63 instalaciones oficiales por acusaciones vinculadas con la seguridad y el terrorismo. De estas entrevistas, que cubren entre enero de 2019 y marzo de 2020, se concluye que la situación apenas ha mejorado.
En el caso de las Fuerzas de Defensa y Seguridad Nacional Afganas, un 30,3 por ciento de las personas entrevistadas ofrecieron relatos creíbles sobre situaciones de malos tratos o torturas, un ligero descenso en relación al 31,9 por ciento detectado en el anterior estudio, que cubría los años 2017 y 2018.
En el caso de la Policía Nacional, el dato ha pasado del 31,2 al 27,2 por ciento, mientras que en el del Directorio Nacional de Seguridad, la agencia de Inteligencia, ha caído del 19,4 al 16 por ciento, según el informe publicado este martes.
Las leyes afganas, así como el Derecho Internacional, prohíben este tipo de abusos, algo que ha querido recordar la ONU. La jefa de la UNAMA, Deborah Lyons, ha subrayado que "la tortura nunca puede estar justificada", en la medida en que "tiene consecuencias duraderas para las víctimas, sus familias y la sociedad".
En este sentido, aunque ha reconocido los "esfuerzos" realizados en los últimos años, cree que "es necesario hacer mucho más". Lyons ha considerado crucial "que los responsables rindan cuentas", ya que de ello depende que la población confíe en el Estado de Derecho y puede suponer "un factor que contribuya a la paz".
SIN DERECHOS
La ONU, que no ha podido examinar centros de detención bajo control de los talibán u otros grupos internos, ha planteado el desarrollo de mecanismos internos que permitan combatir la tortura en Afganistán y la adopción de una serie de buenas práctica que mejoren en términos generales el sistema penitenciario y de detención.
Los investigadores han detectado que en prácticamente ningún centro dependiente de la Policía o los servicios de Inteligencia se habían leído los derechos a los detenidos o estos tenían acceso a abogados o médicos antes de los primeros interrogatorios. Además, solo un 19,7 por ciento de los detenidos por la Policía pudieron contactar con algún familiar en los primeros días.