MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las mujeres que luchan por la conservación de la Amazonía en Ecuador arriesgan sus vidas debido a la falta de protección estatal frente a "intereses políticos y económicos vinculados a proyectos extractivos a gran escala en territorios indígenas", según ha denunciado este martes Amnistía Internacional (AI).
E informe 'Ecuador: Justicia y protección para las Mujeres Amazónicas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente' expone los fallos de la Fiscalía en su respuesta a los ataques y las amenazas de muerte que se registraron en 2018 contra Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, activistas de Mujeres Amazónicas.
La ONG ha indicado que "las líneas de investigación y las medidas de protección que las autoridades ecuatorianas les han ofrecido parecen ignorar posibles móviles de los ataques vinculados a su desafío a intereses económicos de gran escala y a roles tradicionales de género".
"Este ataque es represalia por mi lucha para defender la vida y nuestros territorios contra la amenaza de la explotación petrolera", declaró Salomé Aranda, después de que en mayo de 2018 varios desconocidos la atacaran con piedras mientras estaba en casa junto a su familia.
Mujeres Amazónicas se ha quejado de que las autoridades no recolectan ni analizan a tiempo pruebas clave que incluso podrían ayudar a identificar a los responsables de los ataques, por lo que en la práctica son ellas quienes asumen la carga de investigar.
El colectivo local ha criticado igualmente que las medidas de protección que les ofrecen las autoridades ecuatorianas "son inadecuadas e insuficientes frente a las necesidades particulares y a los riesgos excepcionales a los que se enfrentan cada día".
"A pesar de las promesas del Gobierno del presidente (Lenín) Moreno, la falta de voluntad política de investigar seriamente los ataques contra personas defensoras de los Derechos Humanos y de darles una protección adecuada envía un claro mensaje a la sociedad: que estos delitos son tolerados", ha dicho la directora de AI para las Américas, Erika Guevara.
Guevara ha considerado que "esto es inaceptable", recordando que "el trabajo de las personas que defienden el ambiente, como Mujeres Amazónicas (...), es urgente y necesario en Ecuador y en el mundo entero ante los impactos cada vez más evidentes de la crisis ambiental global".
Amnistía Internacional ha subrayado que, independientemente de cuáles sean las causas de estos fallos, "sus consecuencias sobre la vida de las defensoras en Ecuador son claras y concretas" porque "se enfrentan al dilema permanente de arriesgar su vida y la de sus familias para defender los Derechos Humanos y la naturaleza".
Así, Guevara ha instado al presidente Moreno y la nueva fiscal general, Diana Salazar, a "poner fin a esta grave situación" desarrollando "una política nacional de protección y un protocolo de investigación de delitos" contra las activistas. Patricia Gualinga ha asegurado que, a pesar de los peligros a los que se exponen, no se rendirán: "Estamos unidas y vamos a continuar en nuestra lucha por la defensa de la Madre Tierra".