SANTIAGO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha enviado una carta abierta al presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la que ha mostrado su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad en la represión de las protestas sociales que recorrieron el país en 2011, especialmente en el caso de las manifestaciones estudiantiles.
"AI ve con mucha preocupación las violaciones a los Derechos Humanos que se han registrado en el último año en el contexto de las marchas y la protesta social", ha indicado en la misiva, en la que ha argumentado que las denuncias recibidas de parte de los manifestantes apuntan a que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza, un uso inadecuado de los gases lacrimógenos y cañones de agua y que se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, bajo las cuales se registraron torturas y maltratos.
"Durante las manifestaciones por la educación, organizaciones de estudiantes han denunciado que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no hacían distinción entre aquellas personas que ejercían pacíficamente su derecho de expresión y aquellas que confrontaban violentamente a la policía", ha manifestado AI.
Pese a ello, la organización ha reconocido el "difícil contexto" en que Carabineros debe actuar y ha reconocido que "los Estados están obligados a mantener el orden público". "Sin embargo, el Estado chileno tiene la obligación de cumplir con esta responsabilidad de acuerdo a las normas internacionales de Derechos Humanos, las cuales regulan el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", ha matizado.
En este sentido, ha expresado su "particular inquietud" por la posible aprobación de la 'Ley Antitomas', que tiene como objetivo fortalecer la protección del orden público. "En su actual redacción, queda abierto a interpretaciones qué podría significar una vulneración a los Derechos Humanos, tales como la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación", ha lamentado.
Así, ha especificado que el artículo 269 del Código Penal no incluye una definición de "desórdenes", lo que podría suponer que se aplique la misma pena a conductas muy diferentes. "Si bien es cierto que podría argumentarse que el objetivo de este Proyecto de Ley es detener 'desórdenes' de carácter violento, el texto es lo suficientemente amplio como para permitir también interpretar que se podría estar limitando la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación", ha manifestado en su misiva.
SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Por otra parte, AI ha reiterado "su inquietud por la situación de los pueblos indígenas, pues no se han percibido los avances esperados durante los dos primeros años de la administración del Gobierno de Piñera".
Pese a ello, la organización ha tildado de "positiva" la votación de Chile a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la ratificación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo.
La organización ha expresado que el compromiso del país con los derechos de los pueblos indígenas "sólo cobrará efecto si se ve acompañado por acciones concretas para implementar a nivel nacional los principios contenidos en estos dos instrumentos internacionales".
Asimismo, ha alabado el anuncio de la derogación del Decreto Supremo 124, duramente criticado por violar las disposiciones del Convenio 169 en materia de consulta a los pueblos indígenas.
"El Gobierno debe dar consistentes pasos hacia adelante en este tema, dando señales claras de implementación de procedimientos de consultas, consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos originarios", ha agregado.
"Por otra parte, comunidades indígenas mapuche han denunciado frecuentemente el uso excesivo de la fuerza y uso inapropiado de gases lacrimógenos y balines por parte de la policía, esto principalmente durante las reivindicaciones territoriales", ha lamentado. En este sentido, ha recordado que si no se resuelven estas exigencias "de manera justa y con el consentimiento previo, libre e informado de los propios pueblos indígenas, las tensiones no desaparecerán".
Por último, AI ha tildado de "alarmante" las denuncias recibidas por la aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista en el juicio de mapuches. "De especial preocupación es el aparente desconocimiento por parte de las autoridades de la modificación que excluía a los menores de 18 años. Es totalmente deplorable que al día de hoy cuatro menores estarían siendo procesados bajo esta ley", ha valorado.
OTRAS RECOMENDACIONES
AI ha destacado que Chile "necesita una legislación integral que sancione conductas discriminatorias de la que son objeto algunas personas en razón de su origen étnico, nacionalidad, sexo, identidad sexual o creencias religiosas".
A pesar de que la organización ha valorado positivamente la voluntad del Ejecutivo de tratar con urgencia el trámite legislativo de esta ley ha especificado que "preocupa" la redacción del proyecto, que ha sufrido ya varias modificaciones. "Amnistía Internacional reitera la importancia de que el texto incluya necesariamente categorías protegidas como el sexo, la orientación sexual y la identidad de género", ha añadido.
"En conclusión, Amnistía Internacional señala que es imprescindible que el Gobierno de Piñera, durante el periodo que le queda de mandato, dé señales claras del cumplimiento de las normas internacionales de Derechos Humanos y, sobre todo, que vele porque haya consistencia entre estas normas y la aplicación de leyes al interior del país", ha manifestado.
Por último, AI ha dicho que queda a la espera del debate parlamentario sobre la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia, que incluiría la creación de un plan nacional de Derechos Humanos.