MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Alianza de Propietarios de Activos Cero Neto ve "probable" que la Unión Europea se enfrente a una reacción contraria de los inversionistas si deciden incluir al gas natural y la energía nuclear dentro de su reglamento ecológico, conocido como la 'taxonomía' de los Veintisiete.
Así, la citada alianza ha manifestado en un escrito, aún sin concluir, que se opondría a tal decisión de la UE. De hecho, considera que, en su lugar, los combustibles fósiles deberían estar incluidos en una extensión o legislación separada para las tecnologías de transición.
"La Alianza apoya una taxonomía que sea creíble, utilizable y basada en la ciencia y la evidencia", según el documento visto por Bloomberg News y recogido por Europa Press.
La inclusión del gas "sería incompatible con el alto nivel de ambición del marco taxonómico de la UE en general". En cuanto la energía nuclear, "será de suma importancia aplicar estrictos criterios al momento de evaluar" el principio de no causar un daño significativo, "con respecto a los otros objetivos ambientales para identificar una posible alineación taxonómica", expone.
Algunos miembros de la UE esperaban que los Veintisiete adoptaran una postura "más suave" en torno al gas y la energía nuclear, pero este documento marca la pauta para otros inversionistas deseosos de poner en práctica sus promesas de cero neto.
La semana pasada instituciones financieras internacionales que suman en torno al 40 por ciento de los activos globales totales se comprometieron a trabajar hacia la neutralidad de carbono para mediados de siglo.
Se espera que la Comisión Europea adopte una decisión sobre el conocido como acto delgado complementario en las próximas semanas. Las ONG han criticado la posible inclusión del gas y la nuclear porque consideran que socavaría la ambición de la UE de establecer un 'estandard de oro' para su inversión verde.
La alianza cero neto, cuyos miembros incluyen Allianz SE y el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California, instó a la Comisión Europea, los estados miembros y sus órganos de expertos a asegurarse de que la decisión a la que lleguen esté "basada en la ciencia y la evidencia", según el documento.