MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno de Daniel Ortega han anunciado la suspensión del diálogo que protagonizan con el propósito de pactar una solución a la crisis política que sufre Nicaragua, debido a la falta de avances en el mismo, algo de lo que las partes se han acusado mutuamente.
Las partes se reunieron el miércoles en una jornada maratoniana que se alargó hasta horas de la noche para intentar prorrogar el plazo de dos semanas que pactaron el 28 de marzo para dar otra oportunidad al diálogo, retomado el 27 de febrero después de diez meses de parón.
La Alianza Cívica, que aglutina a los sectores de oposición a Ortega, ha informado en un comunicado de que en este tiempo se han llegado a dos acuerdos importantes, el que ha permitido liberar a 150 detenidos en las manifestaciones, bajo la promesa de liberar a todos, y otro para "fortalecer los derechos y garantías".
Sin embargo, "en los temas de justicia y democracia no se ha llegado a acuerdos". "Se venció el plazo establecido sin encontrar consenso en estos puntos, que son indispensables para lograr un resultado que nos permita superar la profunda crisis socio-política del país", ha subrayado.
El portavoz de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión que la plataforma opositora ha decidido tomarse unos días para "reflexionar" sobre el rumbo del diálogo, si bien aclaró que "la mesa de negociación sigue viva".
Posteriormente, las partes confirmaron en un comunicado conjunto que "consideran necesario darse un tiempo para reflexionar y hacer consultas hasta lograr las condiciones que permitan retomar el debate sobre dichos temas", según informa el diario nicaragüense 'La Prensa'.
La Alianza Cívica ha indicado que ha pedido a "testigos y acompañantes facilitar a través de sus gestiones la continuación de la negociación en condiciones que renueven la credibilidad de las mismas". "Esto implica que haya otros garantes internacionales y se discuta a profundidad el tema de justicia y el adelanto de las elecciones", ha precisado.
De acuerdo con la prensa local, la parálisis en las conversaciones se debe a la negativa del Gobierno a considerar un adelanto electoral como vía de solución a la crisis y a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas ejerzan de garantes de los acuerdos.
El Ejecutivo, en cambio, habría propuesto que sean la Policía, señalada por la oposición, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y el sistema interamericano como la principal responsable de la represión, y la llamada 'Comisión Porras' del Parlamento, controlado por el 'sandinismo', quienes investiguen lo ocurrido en el último año.
Hasta que las conversaciones puedan reanudarse con garantías, la Alianza Cívica ha avanzado que "enfocará su trabajo en el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos alcanzados hasta la fecha", recordando que es "responsabilidad del Gobierno la implementación de los mismos".
"FUERZAS EXTREMISTAS" Y "FACTORES EXTERNOS"
Por su parte, Ortega destacó el mismo miércoles que el Gobierno está haciendo "un esfuerzo" por la paz al embarcarse en este diálogo y reivindicó que "se han logrado tomar acuerdos". "Siempre una negociación es compleja", justificó en un acto con embajadores extranjeros.
En cambio, describió a sus detractores como "fuerzas extremistas que irrumpen amenazando el bienestar y la estabilidad de países como Nicaragua", Venezuela o Cuba y denunció la existencia de "factores externos que siempre inciden en este tipo de negociaciones".
La crisis política en Nicaragua, la peor a la que se ha enfrentado Ortega en sus quince años de gobierno, estalló en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social. Las protestas crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de la nación centroamericana.
Más de 300 personas murieron y miles fueron detenidas por la represión de la Policía y grupos de civiles armados afines al Gobierno, según ha documentado el sistema interamericano, que ha recomendado juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.