Actualizado 03/03/2017 8:01:09 +00:00 CET

El alto precio de defender el medioambiente indígena en América Latina

Indigenous children from the Kaingang ethnic group are seen dancing during a pro
UESLEI MARCELINO / REUTERS
  

 

   MADRID, 3 Mar. (Notimérica) -

   "Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, me metí al río. Podía hablar con él, sentía lo que me decía. Sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que lo íbamos a lograr. El río me lo dijo", éstas eran las declaraciones que Berta Cáceres, líder de origen lenca y defensora del medioambiente hondureño, realizaba sobre la lucha ecologista que lideraba y que le costó la vida hace hoy un año.

   Ese día, declarado curiosamente por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como Día Internacional de la Naturaleza, la defensa de las tierras, pueblos y ríos indígenas latinoamericanos, y en especial los de Centro América, se posicionaban más que nunca bajo los focos mediáticos y gubernamentales a nivel internacional. Sin embargo, dicho activismo, y la lucha de Cáceres, ya habían sido destacados por instituciones de prestigio como el Premio Goldman, así como arrastraban un ya costoso recorrido histórico.

   Los pueblos indígenas en América Latina han sufrido, desde el momento en el que sus tierras fueron conquistadas por los españoles, además de la marginación y el abandono, fuertes presiones para el desalojo de las tierras que ocupaban para que se permitiera la explotación de recursos medioambientales con fines empresariales.

   Sin embargo, a día de hoy el azote a los pueblos indígenas y a los recusos naturales, que durante muchos años han permanecido intactos y han supuesto durante siglos el modo y valor de vida de muchas comunidades ancestrales, se sigue llevando a cabo por multinacionales y grandes conglomerados empresariales de origen tanto nacional como extranjero en un ambiente en el que rige el neoliberalismo y la economía de mercado.

   La obtención de beneficios económicos frente al cuidado del entorno natural y el derecho a la permanencia de los colectivos en sus tierras ha supuesto que la lucha organizada de los activistas sociales e indígenas se postule como una molestia para muchas instituciones, al mismo tiempo que han llevado a que dichos defensores de la tierra asuman un alto perfil de riesgo.

TRANSNACIONALES Y GOBIERNO

   La peligrosidad de la labor medioambiental y social de estos grupos sociales surge del paulatino auge de proyectos de explotación de recursos naturales por parte de empresas, así como el intereses que algunos gobiernos tienen en dichos planes y que les llevan, si no a colaborar de forma directa en los ataques, sí a mirar hacia otro lado. Tal fue el caso de Berta Cáceres.

   Su liderazgo en favor del cuidado de diversos ríos de Intibucá y su oposición al golpe de Estado que derrocó en 2009 al presidente Manuel Zelaya, le supuso varias amenazas de muerte que, aun con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se hicieron realidad. Tal y como señaló Amnistía Internacional, ningún miembro de las fuerzas de seguridad de Honduras estaba presente en el momento de su asesinato ya que el gobierno de Honduras no aplicó las medidas de protección pertinentes.

   Así mismo, de los primeros cuatro detenidos por ser sospechosos del asesinato, dos de ellos estaban vinculados con la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) --que lleva a cabo el embalse de Agua Zarca en el río lenca Gualcarque-- y los otros dos eran militares en retiro. De la misma manera, poco después su compañero del COPINH, Nelson García, murió asesinado, y el periodista Félix Molina, vinculado al mismo movimiento, recibió dos tiros en las piernas en pleno centro de Tegucigalpa.

EXPLOTACIÓN Y MOVILIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

INDIGENAS LATINOAMERICANOS

   Tal y como expone Amnistía Internacional, el derecho al territorio encuentra su fundamento en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en los artículos 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en los artículos 3,10, 25 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo.

   Así, la negativa de acceso a la tierra supone entre otros derechos el de la alimentación, la vivienda digna, lo salud o el trabajo, todos estos exigidos por los movimientos sociales e indígenas que luchan contra la expropiación de tierras en América Latina. Según la organización ambientalista Global Witness, en el año 2015 hubo un total de 185 líderes ambientales que fueron asesinados a nivel mundial, de los cuales 122 casos fueron perpetrados en América Latina.

   Honduras, fue clasificado en un reporte de Global Witness como el país con el mayor número de asesinatos de defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente per cápita en todo el mundo. Por otro lado, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) señaló que entre los años 2000 y 2015 los activistas en pro de los pueblos indígenas y el medioambiente fueron los más atacados del colectivo que trabaja por los derechos humanos.

   Del mismo modo, en México y Chile, la extracción minera ha acabado con el modo de vida de varias comunidades, en especial debido al vertido de productos venenosos en ríos y suelos cercanos a dichas agrupaciones por parte de empresas de extracción canadienses, al mismo tiempo que ha motivo cientos de protestas y movimientos en contra.

BERTA CACERES

   La deforestación de bosques de la cuenca del río Amazonas, en zonas de Brasil, Bolivia o Ecuador, han dejado sin recursos a cientos de habitantes de colonias próximas a dichas zonas, al mismo tiempo que empresas estadounidenses han acabado con biodiversidad latinoamericana a cambio de cuantiosos cheques y presiones sociales.

   Instancias internacionales y personalidades públicas se han mostrado a favor de la lucha, al igual que han solicitado que se lleven a cabo monitoreos e investigaciones sobre las presiones y acosos sufridos por los defensores de la tierra y el medioambiente. Así mismo, se ha solicitado que todo ello se incluya en las discusiones de redes de instituciones de derechos humanos, y que las empresas y multinacionales implicadas respeten los derechos de los individuos y comunidades.

    Siendo esto un comienzo, solo con la determinación y puesta en marcha de este tipo de medidas, junto con la colaboración de gobiernos, empresas y diversas comunidades, podrán hacerse reales las palabras de Berta Cáceres, cuando dijo que "lo vamos a lograr".