MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado abrir una tercera causa penal contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez; esta vez, por los mensajes que difundió a través de su cuenta de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, al entender que pudo haber actuado con "intención voluntaria y consciente de comprometer" la vida de la representante del Ministerio Público.
La Sala de lo Penal ha designado al magistrado Juan Ramón Berdugo como instructor de esta investigación, la tercera que abre el alto tribunal contra el eurodiputado después de que el pasado abril acordara investigarle por presunta financiación ilegal y por haber presuntamente difundido una PCR falsa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
En esta ocasión, están bajo la lupa dos mensajes difundidos en Telegram; en uno de ellos, se hace referencia al organigrama de "las personas responsables de la persecución ideológica llamada 'delitos de odio'". "Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN", manifestaba.
En el mensaje se instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y añadía la imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de "haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas".
El Supremo ha adoptado esta decisión tras recibir la exposición razonada que le envió el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valencia, toda vez que el alto tribunal es el competente para investigar a 'Alvise' al gozar del aforamiento como eurodiputado. Así, el TS continuará con las diligencias que abrió el juzgado valenciano a raíz de la denuncia que presentó Gisbert por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales.
POSIBLE 'STALKING'
En la denuncia, Gisbert daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en su contra en 2024 en un chat de Telegram y que habían conllevado que personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales en las que la denunciante está registrada.
Los magistrados han abierto la investigación al considerar que la actuación de 'Alvise' podría encajarse en el delito de acoso, conocido 'stalking', toda vez que alteró la vida de la fiscal de Valencia y su familia.
"Su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia, (...) muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima", apunta el tribunal en su auto de 11 folios.
Asimismo, el Supremo tiene en consideración que 'Alvise' --además de difundir dos mensajes-- permitió "que se difundieran los perfiles que la denunciante tenía en X, Facebook e Instagram", donde estaba recibiendo "insultos y amenazas".
Los magistrados explican que aunque de lo ahora investigado no se refleja que el eurodiputado "cursara directamente coacciones, amenazas o injurias" contra Gisbert, "ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los hechos que son objeto de investigación.
Según recoge el auto, los funcionarios policiales que iniciaron la investigación no pudieron identificar a quienes realizaron comentarios en el canal de Telegram 'Alvise Pérez Chat', pero sí pudieron identificar al administrador del canal: el propio eurodiputado.