La organización recomienda la apertura de una investigación al general Min Aung Hlaing por crímenes contra la Humanidad ante el TPI
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha avisado a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) que las "catastróficas" secuelas del golpe de Estado de Birmania el 1 de febrero suponen la mayor prueba de la historia de la organización, a cuyos miembros ha pedido que no se escuden en el principio de neutralidad que abandera la organización porque "esto no es un asunto interno de Birmania" e investiguen inmediatamente al cabecilla del golpe, el general Min Aung Hlaing, por posibles crímenes contra la Humanidad.
Esta declaración tiene lugar a pocas horas del inicio, este próximo sábado, de la cumbre de la ASEAN que se celebrará en la capital de Indonesia, Yakarta, y a donde el general birmano planea acudir en un intento de legitimar ante la comunidad internacional su actual régimen militar. Ante esta situación, Amnistía recuerda a Indonesia, como firmante de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que tiene la "obligación legal de imputar o extraditar a un presunto torturador que se encuentre en su territorio".
En una carta abierta a los estados miembros de la organización, Amnistía ha subrayado que cientos de personas han muerto --la cifra estimada ronda los 750, según las informaciones que baraja la ONU-- y miles han sido detenidas por las fuerzas de seguridad tras el golpe de Estado de febrero, declarado por el estamento militar tras denunciar, sin pruebas, un fraude contra sus representantes en las elecciones de noviembre de 2020.
De acuerdo con vídeos recabados por la ONG, el Ejército birmano ha reprimido las protestas contra el golpe "bajo la presunción de la total impunidad", con tácticas "cada vez más letales" y con tal nivel de violencia generalizada que, tal y como parafrasea al relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, toda la operación de represión ordenada por los militares birmanos podría "cruzar la línea de lo que se entiende por crímenes contra la Humanidad", de ahí que Amnistía solicite el inicio de esa investigación.
"Esto no es un asunto interno de Birmania, sino que se trata de una crisis humanitaria y de Derechos Humanos de gran envergadura que está impactando sobre la región entera y más allá", según la investigadora regional adjunta de Amnistía Emerlynne Gil. "La crisis iniciada por un régimen militar como es el birmano, asesino e impenitente, provocará graves secuelas para la región entera", ha añadido.
Por todo ello, concluye la investigadora, "ni Indonesia ni otros estados miembros de la ASEAN pueden ignorar el hecho de que Min Aung Hlaing es considerado como sospechoso de los crímenes más graves que pudieran preocupar a la comunidad internacional entera".
La ONG asegura además que el golpe de Estado no es más que el último episodio de una ola de atrocidades orquestadas por el Estado Mayor de Birmania, con el general a la cabeza, y remite a una investigación realizada en 2018 y que comprendía, según Amnistía, "pruebas creíbles y amplias" sobre la implicación tanto del cabecilla del golpe como de otros 12 individuos de su círculo en el genocidio contra la minoría étnica de los rohingya.
Esta represión acabó provocando el éxodo de más de un millón de integrantes de esta minoría con destino a Bangladesh, después de que una operación militar --según las autoridades contra los grupos separatistas de la zona-- desembocara en la, según Amnistía, "la ejecución sumaria" a manos de los militares, "de miles de hombres, mujeres y niños rohingya", entre todo un espectro de crímenes, desde violaciones y abusos sexuales a la destrucción indiscriminada de las propiedades de los afectados.
Igualmente, Amnistía hace especial hincapié en este patrón represivo ejercido por las autoridades birmanas contra las minorías en el país en otros estados como Chin, Kachin o Shan, hasta el punto de que "hay pruebas suficientes para sospechar razonablemente que Min Aung Hlaing es responsable de crímenes contra el Derecho Internacional. Por ello, "Naciones Unidas debería remitir la situación en Birmania, en su totalidad, ante el Tribunal Penal Internacional", concluye la ONG.