MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional entiende que la operación militar estadounidense contra las presuntas narcolanchas en el Caribe es ilegal y los fallecidos en estos bombardeos son, independientemente de que estén incurriendo o no en actos delictivos, víctimas de una ejecución extrajudicial, completamente al margen de la legislación internacional.
"Son ataques ilegales", ha zanjado la portavoz de Amnistía Internacional, Olatz Cacho, en declaraciones a Europa Press. "No se trata de un conflicto armado, ni Estados Unidos se encuentra bajo una amenaza inminente", ha añadido Cacho antes de avisar de que Estados Unidos, al declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, vuelve a la era inmediatamente posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001, en una repetición de sus peligrosas consecuencias.
"Tras el 11 de septiembre de 2001 existía una amenaza real", reconoce Cacho antes de matizar que la militarización de la reacción estadounidense trajo consigo una "respuesta desproporcionada" cuyos efectos "se han visto a lo largo de los años", como el caso del vacío de Derechos Humanos observado en la cárcel estadounidense de Guantánamo para los sospechosos de terrorismo.
Cacho se hace eco en este sentido de las palabras de su organización, que este mismo jueves insistía en que la interceptación de embarcaciones sospechosas de transportar drogas es una operación que debe quedar en manos de las agencias responsables del cumplimiento de la ley, sujeta al derecho internacional de los derechos humanos donde queda reflejado que todas las personas tienen derecho a la vida y a un juicio justo.
La portavoz de Amnistía ha recordado a este respecto que el propio secretario de Estado de EEUU (y asesor de Seguridad Nacional en funciones), Marco Rubio, admitió en su momento que la Guardia Costera podría haber interceptado perfectamente la primera embarcación identificada como narcolancha a principios de septiembre.
En su lugar, la Administración Trump decidió entregar el mando táctico a los militares, que procedieron a emplear fuerza letal, obviando el derecho a la vida de sus víctimas, sin tribunales de por medio, en un ataque intencionado: en suma, una ejecución extrajudicial.
INTERVENCIÓN DEL CONGRESO
A pesar de que la mayoría republicana en el Senado de EEUU rechazó a principios de este mes una propuesta de ley que habría restringido la capacidad de la Casa Blanca para ordenar esta clase de ataques, la portavoz de Amnistía ha insistido que la intervención del Congreso sigue siendo la "opción más clara" para detener estos ataques.
Cacho ha querido recordar que dentro del Partido Republicano existen voces críticas como la del senador por Kentucky, Rand Paul, quien se ha pronunciado en contra de lo que ha descrito como una "escalada militar" en el Caribe instigada por el presidente de EEUU y que podría desembocar en una incursión en los países de origen de estas presuntas narcolanchas, con Venezuela o Colombia a la cabeza.
"Dentro del Partido Republicano hay gente que no quiere hacer la guerra con nadie. El Congreso es la principal institución del país y como mínimo hace falta una discusión", ha indicado la portavoz antes de señalar la contradicción fundamental que marca la política exterior estadounidense. "América Primero", ha recordado sobre el lema de Trump, "pero luego intervengo donde me apetece".
Cacho, por último, ha indicado que Amnistía Internacional está vigilando muy de cerca la escalada militar a la que se refería el senador, especialmente en Venezuela, cuyos déficits democráticos, denunciados también por la organización, no justifican una invasión de un país extranjero.