MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles una resolución que busca "salvar vidas" al garantizar la prestación de asistencia humanitaria en Afganistán a pesar del régimen de sanciones que pesa sobre el país y frente a las demandas de la comunidad humanitaria.
La enmienda se ha presentado en referencia a la resolución 1988 --aprobado en 2011 contra los talibán-- y resoluciones previas aprobadas por el consejo que, entre otras cosas, prohíben el suministro de fondos, activos financieros o recursos económicos a las personas incluidas en estas sanciones.
La implementación de esta disposición se revisará dentro de un año, según reza el texto de la misma, que también pide al coordinador de emergencia de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios que informe al consejo cada seis meses sobre la entrega de asistencia humanitaria a Afganistán.
Tras la toma del poder por parte de los talibán este verano, varias personas incluidas en la batería de sanciones incluidas en la resolución 1988 ocupan ahora cargos al frente de ministerios y entidades institucionales, con las que las organizaciones humanitarias tienen que trabajar para poder proporcionar asistencia en el país.
La incertidumbre sobre si estas transacciones cumplen con el régimen de sanciones ha provocado dificultades operativas para las organizaciones humanitarias que brindan ayuda a la población afgana, incluso impidiendo su acceso a la financiación de donantes.
No obstante, algunos países han levantado la voz de alarma en el seno del consejo y han recordado que "los talibán, responsables del deterioro de la situación y del riesgo de colapso económico del país, no pueden recibir apoyo presupuestario directo", por lo que se debe garantizar que respetan el derecho internacional humanitario y los Derechos Humanos, ha alertado Francia.
Por su parte, Reino Unido ha justificado su voto a favor de esta iniciativa asegurando en un comunicado que "garantizará que el régimen de sanciones no suponga un obstáculo para la prestación de asistencia humanitaria", y también ha insistido en que se debe lograr "un equilibrio entre permitir la ayuda para salvar vidas y minimizar el riesgo de acumulación de beneficios para las personas o entidades sancionadas".
Tras la aprobación de la resolución, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha celebrado la decisión del consejo, que "facilita la entrega de personas que la necesitan", mientras que ha instado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter a la oficina de relaciones exteriores afgana y a la comunidad internacional a "acelerar los próximos pasos necesarios para apoyar las necesidades y los derechos del pueblo afgano".
La UNAMA ha indicado que estos esfuerzos deben incluir la "crisis económica subyacente más amplia" que afecta a la sociedad.
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 22,8 millones de personas en Afganistán, de una población de aproximadamente de entre 39 y 40 millones, se enfrenta al hambre y a la inseguridad alimentaria, mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que al menos un millón de niños sufre desnutrición aguda.