La vicepresidenta desliza que Macri está detrás de esta decisión y cuestiona la independencia del Poder Judicial en Argentina
MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Camara Federal de Buenos Aires ha reabierto este martes la investigación contra la vicepresidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el caso conocido como 'La ruta del dinero K' por un presunto blanqueo de capitales, pese a que la causa había quedado sobreseída a principios de junio.
El empresario Lázaro Báez, centro de la trama, fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, pero en el caso concreto de Fernández el juez entendió que ya no quedaban acusaciones contra la dirigente kirchnerista, como planteaba también la Fiscalía, y acordó el archivo.
Sin embargo, una nueva organización, Asociación Civil Bases Republicanas --considerada cercana a un partido opositor-- solicitó presentarse en calidad de damnificada y la reapertura del caso. Dos jueces han respaldado este martes revocar el auto del 5 de junio, suficientes para anular el único voto en contra.
Más tarde, la todavía vicepresidenta argentina ha cuestionado la independencia del Poder Judicial en el país argumentando que en el mismo día que se conoce la reapertura de su caso, la Justicia confirma el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino 'ARA San Juan'.
En lo que Fernández de Kirchner ha catalogado como "postales de una mañana argentina", la vicepresidenta ha acusado a Macri no solo de confirmar su "impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes" del navío, sino que también le señala por suspender las elecciones para la presidencia del equipo de fútbol Club Atlético Boca Juniors.
"Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita¡", ha manifestado la vicepresidenta Fernández de Kirchner en su perfil oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
Fernández tiene varios frentes judiciales abiertos desde hace años, aunque la expresidenta y actual 'número dos' del Gobierno de Alberto Fernández considera que todo forma parte de una persecución política. Sobre ella pesa ya una condena, que aún no es firme, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un delito de corrupción, en el marco de la conocida como 'causa Vialidad'.