Publicado 10/11/2021 21:48

AMP.- Bolivia.- La oposición condiciona "la paz" a la derogación de la ley contra el blanqueo de capitales del Gobierno

Archivo - Protesta contra la detención de Jeanine Áñez en La Paz, Bolivia (imagen de archivo).
Archivo - Protesta contra la detención de Jeanine Áñez en La Paz, Bolivia (imagen de archivo). - Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo

El Comité Cívico de Potosí declara persona 'non grata' al presidente Arce

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición ha chantajeado este miércoles al Gobierno de Bolivia, al que ha asegurado que "si quiere paz, que abrogue la ley" con la que el gabinete del presidente, Luis Arce, pretende luchar contra el blanqueo de capitales y que ha servido como excusa para una serie de protestas y bloqueos que por el momento han dejado más de 150 detenidos y un muerto.

Así se lo ha hecho saber el presidente del Comité Cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel, quien además ha responsabilizado a los sindicatos y asociaciones campesinos de la muerte que se produjo el martes en esta ciudad del sur de Bolivia, asegurando que fueron convocados para hostigar a quienes sí se sumaron a las movilizaciones.

"Todo el mundo se acopla a nuestra demanda. Si el Gobierno quiere paz, que abrogue la ley para luego sentarse a dialogar sobre normas que beneficien a la población, que la saquen de la pobreza", ha dicho Manuel en La Razón Radio.

En relación a la víctima, un joven campesino identificado como Basilio Titi, Manuel ha descartado que ésta hubiera sido agredida y ha dado por buenos los primeros informes médicos que hablan de una aspiración accidental al atragantarse con las hojas de coca que masticaba.

Horas más tarde, Manuel ha anunciado que el Comité Cívico que preside ha declarado personas no gratas al presidente de Bolivia, Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, además de exigir la renuncia del gobernador del departamento de Potosí, Jhonny Mamani.

Manuel ha calificado a Arce y Choquehuanca de "racistas y discriminadores", además de "enemigos" de los habitantes de Potosí, así como de haberse negado al diálogo, a pesar de que él mismo ha condicionado tal encuentro y la paz, a la derogación de la Ley 1386.

A su vez ha exigido la salida de Mamani y del presidente de la Asamblea Legislativa de Potosí, Marcial Ayali, por presuntamente "financiar y encabezar los enfrentamientos con los campesinos" que provocaron la muerte del martes, además de la del comandante de la Policía, Juan Carlos Mercado, por "situarse" del lado del Movimiento al Socialismo (MAS).

Las exigencias han continuado con la derogación de esta legislación en un plazo no superior a las 24 horas, o la restitución de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional para eliminar esa mayoría simple que "solo es utilizada para aprobar cualquier cosa aprovechando el rodillo del MAS".

EL GOBIERNO DENUNCIA EL BLOQUE DE LAS AMBULANCIAS

Por su parte, el Gobierno ha acusado a los manifestantes de haber entorpecido la marcha de los servicios médicos y las ambulancias que se trasladaron al lugar para atender a la víctima. A su vez, ha puntualizado que si bien los primeros partes médicos aseveran que murió por una aspiración accidental, los informes forenses también han registrado traumatismos y hematomas en el fallecido.

"Denunciamos vehementemente la obstaculización de la circulación de las ambulancias, de la atención de emergencias, de la salud, lo cual es un delito que va contra la Constitución", ha condenado el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas.

"Los bloqueadores estaban impidiendo la libre circulación de las ambulancias", lo que ha provocado "la muerte de una persona (...) por falta de una atención oportuna", ha lamentado Terrazas, quien ha advertido que el Ministerio de Salud y su oficina en Potosí tomarán "las acciones correspondientes" para que esto vuelva a suceder y "garantizar la atención a la vida".

Terrazas ha contado que los servicios de emergencia de la ciudad recibieron al menos ochenta llamadas de las que solo pudieron ser atendidas unas treinta debido a las trabas que los manifestantes pusieron a la circulación.

A pesar de este episodio en Potosí, Santa Cruz es la región en la que mayor seguimiento han encontrado la oposición y algunos sindicatos para llevar a cabo estas protestas contra la Ley 1386. Más de 150 personas han sido detenidas, la mayoría de ellas en este departamento históricamente muy beligerante con los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).