MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Hong Kong ha dado este martes el 'sí' definitivo a la nueva ley de seguridad nacional, que endurece las penas por traición y sedición, a pesar de las críticas sobre un posible retroceso en los derechos y libertades fundamentales de la población local.
La normativa, que tipifica nuevos delitos y endurece las penas a prisión contra aquellos que comentan traición, sedición o subversión, ha sido aprobada de forma unánime tras una segunda lectura en el marco de una sesión parlamentaria que se ha alargado durante horas.
Los diputados han mostrado su apoyo a la nueva legislación por considerar que contribuirá a "salvaguardar" la seguridad en la región administrativa especial china y a "garantizar una atmósfera estable para los negocios e inversiones".
El texto fue propuesto por vez primera hace ya más de dos décadas y se enmarca en el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong --que ejerce de Constitución de la región--. Este artículo establece que el Gobierno hongkonés debe aprobar su propia legislación al respecto en relación con los delitos citados con anterioridad.
Los diputados venían insistiendo en la importancia de sacar la ley adelante lo antes posible y han reivindicado la rapidez como medida para "coger a las voces críticas" y terceros países con la "guardia baja" a la hora de introducir restricciones o sanciones, según informaciones recogidas por el diario 'South China Morning Post'.
La ley se ha tramitado de forma exprés, con solo 50 días de diferencia entre el inicio de las consultas y la segunda lectura de este martes. Los diputados han acusado a la comunidad internacional de actuar con "hipocresía" a la hora de abordar el asunto y han mencionado la Ley Patriótica de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la falta de cobertura mediática sobre la tramitación de la misma como ejemplo.
El proyecto de ley hongkonés, que incluye penas a cadena perpetua y tipifica cinco nuevos delitos --como espionaje, sabotaje e injerencia extranjera--, permite completar la ya de por sí polémica ley de seguridad nacional aprobada desde Pekín hace más de tres años.