Publicado 16/12/2021 03:39CET

AMP.- Colombia.- Policía colombiana fue responsable de la muerte de al menos 28 personas en el marco del paro, según ONU

El Gobierno tiene que reformar "urgentemente" la gestión de las protestas para evitar más muertes y prevenir violaciones de DDHH

El Gobierno de Colombia pide a Naciones Unidas no hacer "activismo político" y la Policía rechaza las acusaciones

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Colombia fue responsable de la muerte de 28 personas en el marco de las protestas que protagonizaron el paro nacional que arrancó el pasado mes de abril, ha concluido este miércoles un informe de la ONU, en el que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recoge una batería de recomendaciones para el Gobierno con el fin de evitar que se repita.

En 'El Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia', la ONU ha destacado que las protestas, que se alargaron durante semanas, se produjeron en un contexto de "profundas desigualdades económicas y sociales", y estuvieron marcadas por un "uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía".

En este contexto, el documento concluye que "hay razones fundadas para sostener que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de actores no estatales".

Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76 por ciento de las víctimas murieron por heridas de bala.

Según la información recopilada por la oficina de Derechos Humanos, "existen motivos razonables" para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional.

Naciones Unidas ha concluido que, en el futuro, Colombia "deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales", y ha resaltado la importancia de que los agentes de las fuerzas de seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación a la hora de controlar las manifestaciones.

Además, ha subrayado que cualquier implicado en causar lesiones o muertes "debe ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes", mientras que el Gobierno debe garantizar "el derecho de las víctimas a una reparación integral".

El informe recuerda, por último, que el Estado tiene la responsabilidad de proteger los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida y a la seguridad personal, sin discriminación, y la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica, mientras que en el contexto del paro "no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones".

Más allá del Gobierno, el informe también menciona a los medios de comunicación para mostrar su preocupación por el grado de criminalización y estigmatización de los manifestantes, aunque también ha reprochado los actos de violencia y daños por parte de algunos manifestantes y otros individuos, que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha condenado consistentemente.

En general, Naciones Unidas ha recomendado, además de "garantizar la justicia", adoptar "medidas de reparación individual y colectiva para honrar la memoria y la vida de las víctimas", así como "garantizar la no repetición al reconocer lo sucedido".

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Tras la publicación de este informe, que se suma al publicado el lunes por la Alcaldía de Bogotá, la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha denunciado que el Gobierno no puede permitir una "descalificación de la institucionalidad y el Estado de Derecho", recoge Blu Radio.

Por lo tanto, ha "exigido" a todos los representantes de Naciones Unidas que "no haya personas que hagan activismo político, ni en Colombia ni en ninguna parte". "Eso desdice de una entidad que tiene que ser garante e imparcial", ha agregado.

En la investigación presentada el lunes, que analizaba las protestas que se desataron en Colombia en 2020 tras difundirse un vídeo del asesinato de Javier Ordóñez en septiembre del año, se concluyó que al menos once personas murieron por acciones policiales durante los dos días que duraron las manifestaciones.

Este informe es el resultado de una investigación académica liderada por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y siete investigadores, contratados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por otro lado, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha pedido no "prejuzgar" ni dar por hechos ciertos comportamientos, pues esto conllevaría un "ataque" a la Policía.

Si bien el mandatario no ha mencionado el citado informe de la ONU, ha apuntado que "asumir comportamientos que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es en sí mismo un ataque a la institución".

"Las instituciones hay que entenderlas y hay que fortalecerlas (...) No pueden ser manoseadas con ataques electoreros y mucho menos por quienes han sido beneficiados por la impunidad", ha aseverado.

Respecto al informe de Naciones Unidas, el director de la Policía colombiana, Jorge Luis Vargas, ha defendido que el organismo "no ha dado la orden para que se cometa ningún delito".

"La Policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden para que se haga y, de igual manera, la Fiscalía General de la Nación tiene las investigaciones, es el organismo competente con la Procuraduría", ha expresado Vargas.

Además, ha reprochado que las cifras ofrecidas en las acusaciones no concuerdan con las que tiene la Policía, por lo que la Fiscalía es quien debe indicar "quién es el responsable de esas muertes", pues "muchas de ellas están inclusive fuera de los contextos en los que están señalados".