Publicado 27/05/2020 04:06CET

AMP.- Coronavirus.- La Asamblea de Bolivia incluirá a Áñez y Longaric en la investigación del caso de los respiradores

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. - ABI

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, así como la ministra de Asuntos Exteriores, Karen Longaric, serán incluidas en la investigación que la Asamblea Legislativa llevará a cabo para dilucidar responsabilidades en el escándalo de los supuestos sobrecostes en la adquisición de 170 respiradores, en medio de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Así lo ha hecho saber el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Édgar Montaño durante una entrevista para la emisora boliviana Erbol. Horas después, su compañero de partido y presidente de la Comisión de Justicia Plural del Ministerio Público, Julio Huaraya, ha hecho lo propio al ampliar la denuncia para incluir a Longaric.

"Ampliamos la denuncia penal por graves delitos contra estos ciudadanos que incurrieron en la corrupción en el caso de respiradores. Debe caer todo el peso de la ley contra estos funcionarios que hicieron un negocio con la salud de los bolivianos", ha dicho Huaraya durante una rueda de prensa cubierta por el diario local 'La Razón'.

Por su parte, Montaño, quien forma parte de la comisión mixta encargada de la investigación, ha explicado que la decisión viene motivada después de que el cesado ministro de Salud Marcelo Navajas mencionara el nombre de la autoproclamada presidenta durante su interrogatorio.

"Se va a incluir a la señora Jeanine Áñez. No se olvide que en la declaración del señor Navajas, exministro de Salud, dice que tanto ella como el señor Arturo Murillo (ministro de Gobierno) fueron quienes recibieron los respiradores".

El diputado del MAS ha señalado además que fue ella, junto con el ministro de Gobierno, quienes repartieron los equipos en el departamento de Santa Cruz y en otras regiones de Bolivia y no Navajas, ni ningún otro funcionario de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).

Durante una sesión ordinaria, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia dispuso el lunes la creación de dos comisiones, una para investigar este supuesto caso de los sobrecostes, y la otra para averiguar el grado de implicación de las empresas estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Boliviana de Aviación (BOA).

"El fin de esta comisión no es un acto de revanchismo, sino más bien es un acto que está pidiendo el pueblo boliviano de aclarar quiénes estuvieron enriqueciéndose a sus costillas", ha defendido el diputado.

Montaño ha adelantado que no sólo Áñez será llamada a declarar, sino también a otras figuras como el propio Navajas, a su antecesor en el cargo, el otrora ministro de Salud Aníbal Cruz así como al cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, a funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al embajador de Ciencia y Tecnología, Mohamed Mostajo-Radji.

En la denuncia también se ha incluido a Eduardo Claros Mostajo, primo hermano del embajador de Ciencia y Tecnología. "Lamentablemente hay gente que se ha prestado a este tipo de negocios particulares a costa de la salud de los bolivianos", ha criticado el diputado Huaraya.

El escándalo de los respiradores estalló al destaparse que el Gobierno pagó más de 27.000 dólares por respirador a la empresa española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria.

La consecuencia inmediata fue el cese de Navajas, quien apenas llevaba un mes al frente de la cartera de Salud, que fue detenido y mandado a prisión preventiva. Aunque unos recientes problemas de salud han provocado su traslado al hospital. Áñez ha prometido mano dura con todos aquellos que hubieran participado en este caso.

El Gobierno, que hasta el momento ha desembolsado 2,2 millones, ha frenado la otra mitad del pago de los 170 respiradores, que los médicos apuntan que no sirven para las necesidades de Bolivia, con el objetivo de iniciar "un proceso de conciliación" con la empresa española que medió en la adquisición.