MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
Al menos 5,2 millones de personas, el 91 por ciento de la población de la región etíope de Tigray, necesita ayuda alimentaria por los estragos causados por el conflicto iniciado el pasado noviembre, cuando el Gobierno de Abiy Ahmed lanzó una ofensiva contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha proporcionado ya ayuda de emergencia a un millón de personas en las zonas sur y noroeste de Tigray, y aspira a llegar a 2,1 millones en los próximos meses, para lo cual requiere de 203 millones de dólares (más de 1,6 millones de euros).
Aster Beyene, madre de siete hijos, perdió su casa y sus cultivos desde el conflicto y ha sido la persona un millón en recibir la ayuda de la agencia de la ONU. "Hasta ahora, dependíamos de la poca comida que nos daban mis vecinos", ha dicho desde la localidad de Adi Millen, donde el PMA ha entregado alimentos a 4.500 personas.
La agencia ha advertido de que el acceso a algunas zonas, especialmente en áreas rurales, sigue siendo complejo, a pesar de los reiterados llamamientos de las organizaciones humanitarias para poder llevar asistencia a una población que se ha quedado prácticamente sin nada desde que estalló definitivamente la violencia.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) avisó la semana pasada de que más de 1,7 millones de personas desplazadas por el conflicto en el norte de Etiopía necesitan ayuda "urgente", en su amplia mayoría en la región de Tigray, epicentro del conflicto.
Por su parte, la directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore, ha alertado de que "la magnitud y la gravedad de las violaciones de los derechos de los niños y niñas que están teniendo lugar en Tigray no muestran signos de disminuir".
Así, ha denunciado que "las mujeres y las niñas siguen siendo objeto de espantosos actos de violencia sexual" y ha detallado que más de 540 supervivientes han recibido ayuda por parte de UNICEF desde el inicio del conflicto.
Por contra, Fore ha argüido que "la falta generalizada de seguridad y el miedo a las represalias dejan a un número incontable de personas sin acceso a la atención y los servicios que necesitan con urgencia".
"Los niños, padres y cuidadores se refieren a una profunda ansiedad y angustia, y dicen que temen represalias o ataques. Los adolescentes hablan de miedo al reclutamiento y a ser utilizados por las partes en el conflicto", ha dicho, ante de agregar que los socios de UNICEF han denunciado arrestos arbitrarios.
"HACINAMIENTO" E "INSALUBRIDAD"
En esta línea, ha recalcado que entre los desplazados hay más de 720.000 niños y ha agregado que en los campamentos hay condiciones de "hacinamiento, insalubridad e inseguridad", lo que "aumenta los riesgos de sufrir violencia de género, abuso o explotación y enfermedades transmitidas por el agua".
Asimismo, ha hecho hincapié en que más de 6.000 menores no acompañados o separados de sus familias han sido registrados para poder recibir ayuda, si bien ha manifestado que UNICEF teme que "haya muchos más niños que necesiten apoyo" en zonas a las que el organismo no puede llevar a causa de la inseguridad y las restricciones.
"Las labores de rastreo y reunificación familiar se ven constreñidas por la limitación de las telecomunicaciones, la presencia escasa de trabajadores sociales y el acceso reducido a través de las líneas de control", ha explicado.
"Gran parte de Tigray continúa siendo inaccesible para los trabajadores humanitarios. Desde principios de abril, al menos 31 misiones de equipos móviles de salud, nutrición y agua apoyados por UNICEF y sus aliados han sido bloqueadas, ya sea por la inseguridad o porque fueron acosadas y se les negó el paso", ha lamentado.
Por ello, ha criticado que "los niños están pagando un precio terrible por este conflicto" y ha pedido a las partes que respeten el Derecho Humanitario. "Hacemos un llamamiento a todas las partes para que hagan todo lo que esté a su alcance para proteger a los niños de la violencia, la explotación y el abuso, y para evitar la separación de sus padres o cuidadores principales", ha zanjado.
La crisis deriva en gran medida de la ofensiva lanzada en noviembre por el Gobierno de Abiy sobre el TPLF, en respuesta a un ataque contra una importante base del Ejército en la capital regional, Mekelle. La ONU ha denunciado también que pudieron cometerse violaciones de los Derechos Humanos en el marco de estos choques, en los que se implicaron también fuerzas eritreas.